La violencia política en contextos electorales representa una amenaza significativa para la democracia, afectando no solo a candidatas y candidatos, sino también a la sociedad en su conjunto, lo que repercute negativamente en la participación ciudadana. En las últimas dos décadas, hemos observado una creciente incidencia de esta violencia, manifestándose de diversas formas:
- Amenazas y agresiones: Se han registrado numerosos casos de amenazas, agresiones, secuestros y asesinatos dirigidos a personas personas funcionarias electorales, precandidatas y candidatas.
- Financiamiento ilícito: recursos públicos y privados que de manera ilícita se introducen en las campañas, pero también del crimen organizado. De acuerdo, por ejemplo, con diversos medios de impugnación ante el órgano jurisdiccional en materia electoral federal, este financiamiento ha estado involucrado en campañas, proporcionando recursos económicos para influir en los resultados electorales. Los partidos deben tener las herramientas y ser los primeros responsables de no aceptar el dinero de la delincuencia organizada en las elecciones.
- Imposición de candidaturas: El riesgo más latente parece ser la probable injerencia del crimen organizado en la selección de candidatas y candidatos dentro de los partidos políticos. Aquí los partidos políticos deben ser el primer filtro de impedir el registro de candidaturas relacionadas al crimen organizado.
- Manipulación del voto: Se han utilizado tácticas como la entrega de despensas, tarjetas con diversos beneficios y dinero en efectivo, así como amenazas, para alterar la participación electoral en beneficio de candidaturas criminales, situación que irrumpe la certeza en la competencia electoral, envenena al sistema democrático y puede inhibir la participación de las personas electoras.
- Intervención en casillas: La destrucción de boletas y agresiones al personal electoral son tácticas utilizadas para favorecer a personas candidatas asociados con redes criminales provocando en ocasiones caos y temor en la población, así como desestabiliza el o los procesos electorales en curso que puede provocar que una determinada elección sea declarada nula por las autoridades competentes.
Según datos de Data Cívica, en 2023 se registraron 570 víctimas de violencia política-criminal con 570 ataques a personas e instalaciones en comparación con 540 en lo que va de este año. La mayoría de las víctimas eran personas candidatas o competían por puestos a nivel municipal, donde el 78% de los ataques se concentraron. Desafortunadamente, este intento de infiltrar la política por parte de estos grupos no es nuevo, ya en 2015 los asesinatos de personas precandidatas y candidatas superaron el centenar.
En el transcurso de 2024, Data Cívica ha documentado 30 asesinatos de personas precandidatas y candidatas, 32 amenazas, 14 ataques armados, 37 atentados y 9 secuestros. Los municipios con más ataques a actores políticos también presentan una disminución en la participación electoral; por cada persona funcionaria atacada, la participación se reduce en 3 puntos porcentuales, mientras que por cada candidata o candidato atacado, la reducción es de 1.3%.
Ahora bien, el aumento de la participación política de las mujeres ha traído consigo un incremento en la violencia política de género. Dos de cada diez víctimas de violencia política son mujeres, y el 27% de las atacadas eran candidatas o excandidatas.
El Instituto Nacional Electoral (INE), aunque carece de atribuciones para investigar, colabora con instituciones de seguridad del Estado mexicano. Desde la reforma de abril de 2020, se han implementado diversas acciones para fortalecer la normativa contra la violencia política de género, incluyendo la creación de un registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género, la conformación de un informe de quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de género, la obligación de los partidos políticos de destinar al menos el 50% del financiamiento público y de tiempos en radio y televisión a candidatas, la integración, junto con META de una guía para enfrentar la violencia de género, la puesta en marcha de un programa piloto de Defensoría de Mujeres, entre varias acciones más.
A pesar de los esfuerzos del INE para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, es fundamental que el Estado mexicano redoble sus esfuerzos para asegurar que las elecciones y el ejercicio del poder político no sean vulnerables a la infiltración del crimen organizado. La protección de la democracia y la igualdad de género en la política deben ser prioridades innegociables.
