El pasado domingo se llevó a cabo el tercer debate presidencial organizado por INE. Entre los temas tratados por las candidatas y candidato presidencial estuvo el de inseguridad y crimen organizado. Según el Inegi, la inseguridad es el tema que más preocupa a la población, incluso por encima de los precios crecientes y de la salud. No es para menos, la crisis de violencia que vive México nos ha tocado a todos y todas de alguna manera.
En su intervención, Claudia Sheinbaum, candidata del partido en el poder afirmó: “En 2006 … Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. … Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco. Hasta que llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política de declarar la guerra a construir la paz….”
Lo que no dijo la candidata oficialista es que la “guerra contra el narco” que emprendió Calderón consistió fundamentalmente en desplegar a las fuerzas armadas en el territorio nacional para realizar tareas de seguridad pública: retenes en carreteras, detenciones, patrullajes “preventivos” en caminos y carreteras, etc. Además, se llevó a cabo una política de detenciones de miles de jóvenes mujeres y hombres por delitos relacionados con sustancias ilícitas. Tampoco dijo que, tal como lo hicieron Calderón y Peña Nieto, López Obrador optó durante su gobierno por mantener al ejército en las calles, incluso aumentando sus facultades para incluir muchas otras tareas de seguridad que son competencia civil. Sheinbaum tampoco mencionó que ella se ha pronunciado a favor de que el Ejército continúe realizando labores de seguridad pública y que la Guardia Nacional quede formalmente adscrita a Sedena. Cuando propuso: “Más y mejor Guardia Nacional … que sea una institución todavía de mayor proximidad y de vigilancia en las carreteras” y que también “sean primero respondientes”, se refiere al Ejército mexicano. Para decirlo claro, la propuesta en materia de seguridad para el siguiente sexenio es tener militares de proximidad, respondiendo a llamados de violencia familiar, acoso y/o cualquier otro delito.
Pongamos de lado lo problemático que resulta que en un país democrático —cuya Constitución explícitamente prohíbe a los militares realizar labores ajenas a la disciplina militar— se les dé tanto poder. Los datos oficiales no cuentan una historia de éxito con la militarización. Entre el 1 de diciembre de 2018 y noviembre de 2023, hubo 166,278 asesinatos en el país, más que en ningún otro sexenio. Los datos —incluso desapareciendo a los desaparecidos y aumentando las muertes indeterminadas para reducir homicidios— muestran un fracaso de política pública. La militarización no funciona, sea en manos de Calderón o de López Obrador. Más de 400 mil personas asesinadas, debieran convencernos de ello.
Tanto Xóchitl Gálvez como Jorge Máynez, en cambio, lo tienen claro. “La Guardia Nacional tendrá un mando civil, las fuerzas armadas sólo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales pagándoles bien y certificándolas”, dijo Gálvez. Máynez fue incluso más explícito: “Dice la candidata de Morena que hay que honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlas es con una nueva estrategia de seguridad, que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas”. Y luego siguió: “Darles capacidades y facultades a las policías, facultades de investigación, darles un salario digno, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida, y darles un horizonte, una carrera policial que les permita tener incentivos para jugarse la vida por nosotros”.
Nada dijo la candidata del gobierno sobre el sistema de prohibición que facilitó a la guerra y que este gobierno ha perpetuado. A pesar de prometer un cambio en la política de drogas, y de las multiples sentencias de la Corte, Morena ni siquiera reguló la marihuana. En cambio, Sheinbaum puso otra pieza: la prisión preventiva oficiosa. Esto es, que una persona vaya a la cárcel sin sentencia por el hecho de ser investigado y sin necesidad de que los fiscales argumenten la necesidad de su uso. Durante el gobierno de López Obrador ha aumentado la población carcelaria, específicamente por personas encarceladas sin sentencia.
Tanto Xóchitl Gálvez como Jorge Álvarez Máynez se expresaron en contra del uso indiscriminado de las cárceles, el segundo específicamente por delitos contra la salud. Las propuestas de Sheinbaum, más que las propuestas de seguridad de un partido que se dice de izquierda, parecen un refrito del manual de seguridad de Felipe Calderón.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
