Pensaba en un buen título para este artículo: “Otra reforma militarista”, “Se va AMLO, se quedan los militares”, “La iniciativa que escribió Sedena”… pero ninguno logra transmitir lo grave de lo que está sucediendo. Empecemos por el hecho de que un presidente al que le quedan apenas unos meses de gobierno presente 20 iniciativas de reformas, la mayoría con cambios a la Constitución. Algo quizás normal si se tratara del inicio — y no el final— de su gobierno. Sí, parece una estrategia para dominar la agenda electoral, algunas de las propuestas son contradictorias entre sí y no parecen tener la intención de ser aprobadas. Sin embargo, también se asoma la voluntad de quien no quiere irse, aun concluido el periodo presidencial. De aprobarse estas reformas, quien sea la sucesora, quedaría atada a la ruta que AMLO (o quien haya redactado las iniciativas) traza. Para el país significaría un nuevo régimen constitucional y que, aun rechazando en urnas la continuidad del proyecto obradorista, este permanezca vigente por generaciones. Quizás el caso más claro y grave de ello es la iniciativa para ampliar las funciones del Ejército mexicano y darle el control de la seguridad pública.
La iniciativa propone como primer punto de cambios a la Constitución la “permanencia” del Ejército en tareas de seguridad pública. Ello lo hace, primero, a través de la Guardia Nacional, una institución que López Obrador ha hecho de facto una militar. La Guardia tiene 44 facultades en ley, entre ellas: intervenir comunicaciones, custodiar centros penitenciarios, investigar delitos, participar en operativos conjuntos, detener a migrantes, llevar a cabo operaciones encubiertas. Estas facultades, según la iniciativa del presidente, serán permanentemente funciones que lleven a cabo los militares. Como institución militar, la Guardia tendrá además fuero militar. Es decir, investigan a civiles, pero se investigan a sí mismos en caso de cometer delitos.
La iniciativa pretende, asimismo, dar al presidente la posibilidad de disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en tareas de la seguridad pública, directamente. Es decir, no solo a través de la Guardia Nacional, sino que los militares pueden —como Ejército— realizar funciones de policías. Solo es necesario que el Ejecutivo lo solicite. Así, militariza de plano esta función desde la Constitución. Propone, también, cambiar el artículo 129 constitucional —vigente desde 1917—. Este establece que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El nuevo texto establece que pueden ejercer las funciones previstas en la Constitución y otras leyes. Quedará entonces en manos del Congreso (y por mayoría simple) definir las funciones y facultades del Ejército, sin que nada las constriña a que sean de seguridad.
“AMLO no va a hacer mal uso del Ejército”, “Yo confío en él”, decían al inicio del sexenio las y los legisladores de Morena cuando les señalábamos los peligros de crear un cuerpo de seguridad militar y de seguir militarizando la administración pública. Sin embargo, esta iniciativa no es para López Obrador. Él se va, pero el Ejército con facultades para espiar, detenernos, entrar a nuestros domicilios, se queda, con fuero.
