La propuesta de reforma al Poder Judicial aprobada ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales ha generado mucha preocupación al interior del país y al exterior. Recientemente el embajador de Estados Unidos en México escribió sus preocupaciones señalando que la iniciativa representa un riesgo “para el funcionamiento de la democracia se México”, que “debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia”, sin resolver el problema de la corrupción judicial ni fortalecer al Poder Judicial. La relatora especial sobre independencia judicial de la ONU, señaló que la reforma representa un riesgo para la independencia judicial de México. La CIDH ha activado el mecanismo para analizar las posibles violaciones a los derechos de los trabajadores judiciales. Varias calificadoras internacionales e instituciones bancarias también han mostrado preocupación. Académicos y barras de abogados/as se han pronunciado abrumadoramente en contra. También lo han hecho estudiantes de derecho. Incluso el personal del Poder Judicial ha hecho algo sin precedentes: se encuentran en paro indefinido, en defensa de los derechos laborales del personal y la división de poderes. Cerca de veinte poderes locales se han sumado.
Entre los aspectos más preocupantes del proyecto de reforma aprobado está la destitución de todos los jueces, magistrados y ministros del país y la conformación de nuevos poderes judiciales con personas juzgadoras electas en las urnas mediante un proceso político; la prohibición de suspender leyes con efectos generales en amparos y; la conformación de un tribunal de disciplina judicial —controlado en parte por el Ejecutivo y Legislativo— que sancione a jueces por faltas tan subjetivas e indeterminadas como incurrir en actos contrarios “a la objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”.
La semana pasada López Obrador agregó otro elemento a la reforma: medidas de protección para jueces que atiendan casos relacionados con crimen organizado. “Hay algo que pienso debe de tener la reforma que se nos fue” dijo, “una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada.” La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también dijo estar de acuerdo con la inclusión de estos tribunales: “qué bueno que lo planteó el presidente. Me parece muy, muy buena propuesta.”
La figura se conoce como jueces sin rostro o invisibles, personas juzgadoras que condenan o absuelven sin que las personas involucradas conozcan su identidad o nombre. En Colombia, fue adoptada en 1991, bajo un estado de excepción. En 2000, fue eliminada por una decisión de la Corte Constitucional que la declaró violatoria del debido proceso. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori adoptó esta figura. La CoIDH, en varias ocasiones, la declaró violatoria de diversos derechos procesales. En 2019, con Bolsonaro de presidente, Brasil aprobó estos tribunales.
Los juzgadores anónimos, son contrarios a todo nuestro sistema de debido proceso. Violan el derecho de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial (al no conocerle, no es posible, por ejemplo, pedir a un juez con conflicto de interés que se recuse de un caso), viola también la garantía de publicidad, de igualdad procesal y de defensa adecuada. Los jueces -como cualquier funcionario- deben ser evaluados a partir de sus decisiones y argumentos, deben juzgar de cara a la sociedad, exponiendo razones y exponiéndose al escrutinio público.
En Perú, la justicia ciega llevó al encarcelamiento de miles de personas inocentes, condenadas a partir de una sola prueba o del testimonio de un solo testigo, también anónimo. Fueron tales los abusos que la medida terminó por ser abandonada. Según algunos jueces de aquel país, además, no funcionó para protegerlos o a sus familias, pero sí para debilitar el sistema de derechos procesales y el derecho a tener juicios imparciales.
En el contexto específico del proyecto de reforma aprobada ayer en comisiones, la idea resulta aún peor. Tendremos a juzgadores (quizás sin experiencia), politizados y presionados para resolver a favor del gobierno, decidiendo de espalda a la sociedad. Una vez más, se ensancha el régimen de excepción (que ya tiene poco de excepcional), a costa de los derechos y de la libertad, sin ninguna evidencia de que sirva para traer mayor justicia o seguridad. Dicen querer una justicia más transparente y un sistema más justo, pero dejarán uno menos democrático, más arbitrario y bastante más opaco.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
