En las últimas semanas se dio a conocer información importante para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace 8 años. Esta permite nuevas líneas de investigación para entender qué sucedió en Ayotzinapa, cuál fue el destino de los estudiantes, quiénes participaron y en qué calidad lo hicieron. Una de las principales revelaciones del último informe de la Comisión Presidencial Para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue el alcance de la participación de diversas instituciones y autoridades, especialmente las militares. En la presentación, su titular, Alejandro Encinas afirmó: “la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado… ¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones.”
En otras palabras, no fueron unos cuántos elementos quienes participaron en el crimen de Ayotzinapa: existió una red de complicidad que, en diversos momentos y grados, llega hasta los grados más altos de la institución. El papel del Ejército mexicano no fue solo cuidar el perímetro, ni su responsabilidad se limita a una omisión de actuar, como se había sostenido en la versión de la “Verdad Histórica” construida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto . Las Fuerzas Armadas, y el Ejército en específico, participaron activamente en el crimen de Ayotzinapa.
Primero: El Ejército mexicano tenía a un soldado infiltrado en la Normal de Ayotzinapa. Este joven también fue asesinado y desaparecido. ¿Por qué el Ejército tiene agentes encubiertos en una escuela? ¿Qué fundamento legal sustenta la infiltración? ¿No se trata de un acto ilícito en sí mismo?
Segundo: La evidencia apunta a que elementos del Batallón 27 de infantería formaba parte de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas. Para proteger los intereses del grupo criminal, asesinaron a los estudiantes y participaron de su desaparición.
Tercero: Algunos elementos militares encubrieron los crímenes, en distintos momentos y niveles. Según la versión no testada del informe, autoridades municipales, militares y miembros del grupo de delincuencia organizada, movieron los cuerpos de los estudiantes para impedir su hallazgo por los familiares. Las comunicaciones señalan que serían llevados al interior de las instalaciones militares. Desde la desaparición, las familias de los estudiantes habían pedido que se investigara al 27 batallón, y pedían que se inspeccionaran las instalaciones. El General Salvador Cienfuegos, acusado y detenido en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, pero exonerado por la presente administración, negó la participación de los elementos del 27 Batallón y obstaculizó que se investigara. “No puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron, hasta ahorita, ningún delito… está todo declarado”, afirmó en 2015. Ninguna autoridad civil se atrevió a ponerle un alto al General, ni siquiera con la desaparición de 43 estudiantes enfrente.
Cuarto: Elementos de la Marina, intervinieron y contaminaron el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes. En un video presentado por el GIEI se muestra que elementos de esa institución, bajan bolsas de unas camionetas e inician un incendio en el basurero. El actual secretario de la Marina era entonces Comandante Naval del Estado de Guerrero.
Ya sabemos que militarizar la seguridad pública no funciona para reducir violencia. La evidencia acerca de la participación de militares en los crímenes graves cometidos en Ayotzinapa, muestra además que no son incorruptibles, pero que están protegidos por el uniforme y el fuero militar. El caso, debería alertarnos de los peligros que conlleva normalizar la militarización de la seguridad pública. Ojalá gobierno y legisladores reconozcan la evidencia, los riesgos implícitos en las propuestas militaristas que aparecen una y otra vez y que, por responsabilidad cierren la puerta a la impunidad y la repetición.
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@cataperezcorrea