Se acerca el fin de año. Terminamos el 2024 en México con la primera Presidenta y con un nuevo régimen jurídico/constitucional. Hemos debilitado (o desaparecido) los controles constitucionales sobre el ejercicio del poder y concentrado (aún más) el poder en el ejecutivo federal. Sirve hacer el recuento de los principales cambios de los últimos meses para entender mejor nuestro nuevo régimen y la profundidad del cambio en el que nos encontramos.
En septiembre se aprobó la reforma al Poder Judicial. Esta reforma destituye a todos los jueces, magistrados(as), ministras(os) del país para ser sustituidos(as) por personas electas a partir de un complicado (y fuertemente cuestionado) proceso de listas conformadas desde los tres poderes. Además, se reduce el número de ministros(as) que conforman la Corte e instaura el Tribunal de Disciplina, con facultades discrecionales para sancionar e incluso remover jueces. También se habilitó el uso de la figura de jueces sin rostro para delitos de delincuencia organizada. Esta figura fue declarada contraria a varios derechos fundamentales en el sistema interamericano, además de contradecir abiertamente el supuesto objetivo de democratizar la justicia planteado como razón de ser de la propia reforma
En septiembre, también, se reformaron 12 artículos de la Constitución para darle a los militares control de la Guardia Nacional (ampliando el fuero de guerra a todo su personal), permitir que realicen cualquier tarea de administración pública sin restricción constitucional alguna, y darle al presidente la posibilidad de usar (desplegar) la totalidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin pasar por los controles de la Corte Suprema o del Congreso.
En octubre, se aprobó la reforma que hace inimpugnables (vía amparo, controversias o acciones de inconstitucionalidad) las reformas o adiciones a la Constitución. Esta reforma buscaba detener las impugnaciones en contra de la reforma judicial pero también cualquier impugnación futura en contra de reformas constitucionales que haga la supermayoría gobernante.
En noviembre, se aprobó la desaparición de 7 órganos autónomos que fungen como contrapeso al ejecutivo federal. Se trata del corazón del andamiaje institucional que permitió la transición democrática a principios de este siglo. Entre los organismos desaparecidos están el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), encargado de garantizar el derecho a la información y transparencia gubernamental, así como la protección de datos personales; la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un órgano de enorme importancia que apenas comenzaba a limitar los abusos a consumidores y competidores por parte de empresarios dominantes en su sector; y el Coneval, encargado de medir la pobreza y de evaluar los programas sociales del gobierno. Las funciones del Inai serán ahora del poder ejecutivo, pero no existen reglas sobre cómo solicitar información o proteger los datos personales de la ciudadanía. Todas estas funciones volverán a ser prerrogativa de los políticos en lugar de derechos de los ciudadanos.
El Senado (Morena y aliados) reeligió a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a pesar de haber obtenido una de las peores calificación entre las aspirantes al cargo. Organizaciones de derechos humanos, como el comité Eureka (formado por familiares de personas desaparecidas en los años 70), señalaron la falta de independencia del gobierno de la señora Piedra y sus omisiones frente a las violaciones cometidas por el ejército mexicano.
En noviembre, también, se aprobó la reforma constitucional para ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa para nuevos delitos, incluidos algunos fiscales y relacionados con sustancias sintéticas. Esta figura, declarada inconstitucional por la SCJN y contraria a las convenciones internacionales de derechos humanos por la Corte Interamericana, obliga a privar de la libertad a cualquier persona sujeta a proceso por los delitos ahí incluidos hasta que se dicte sentencia. Culpable hasta demostrar su inocencia, es la nueva norma.
Todas las reformas se han defendido, o nombrado, con subterfugios y mentiras que las hacen parecer algo distinto a lo que son. “Superioridad constitucional” se usó para referir a la reforma que impide que el poder judicial revise la constitucionalidad de las reformas. La reforma que desaparece a organismos autónomos se llama “Simplificación orgánica”. A la reforma que elimina los candados constitucionales para el ejército se le llamó la “reforma de la Guardia Nacional”. “Democratizar la justicia” se decía de la reforma judicial para desmantelar al poder judicial. Sin embargo, todas caminan en la dirección de desmantelar contrapesos, debilitar los sistemas de vigilancia y la división de poderes. El nuevo régimen se justifica en la mentira y tiene el autoritarismo como gobierno.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
