“Que haya un analgésico que pueda sustituir al fentanilo, para prohibirlo”, dijo hace unos días López Obrador en su conferencia mañanera. “Ya están científicos nuestros estudiando la posibilidad de que podamos usar otros analgésicos para el dolor.” No tardó la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en anunciar en Twitter que la institución a su cargo sería la encargada de coordinar los esfuerzos de “investigación de sustitutos en el uso médico de fentanilo por otro tipo de sustancias”. Pocos días después, refrendaba el compromiso de Conacyt para estudiar las alternativas al fentanilo agregando: “Esa es la propuesta y faltan argumentos de fondo para desecharla.” Horas más tarde tuiteaba sobre el glifosato y los daños que ese herbicida produce en la salud humana. La prohibición del uso de agroquímicos ha sido prioritario en su agenda al frente de Conacyt. “El Conacyt trabaja en el desarrollo de bioherbicidas para eliminar por completo el uso de agrotóxicos en los campos de mexicanos.” escribió en su cuenta.
Estos dos temas, aparentemente inconexos, están cruzados por la política de drogas. La crisis de fentanilo que vive Estados Unidos no puede entenderse sin analizar la laxa regulación de fármacos en ese país y la prohibición de otras sustancias que ha terminado por hacer más atractivo al fentanilo. A estas alturas, proponer prohibir su uso médico como respuesta a la crisis de salud existente no solo es ignorante sino también irresponsable. Aun si existen sustitutos para los miles de pacientes que necesitan medicamentos para el dolor, ello no va a disminuir su uso ilícito o la dimensión del mercado negro.
En el tema del glifosato; esos mismos “agrotóxicos” que la directora de Conacyt rechaza, son usados por el Ejército Mexicano para hacer erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos en niveles peligrosos para la salud humana y en las zonas más pobres de México. Además, el régimen prohibicionista que ahora busca expandir el gobierno, impide contemplar alternativas de fertilizantes y pesticidas industriales. Un artículo publicado recientemente muestra cómo la hoja de coca se ha usado efectivamente en Colombia para producir fertilizantes sólidos y líquidos, alimento para aves y también para humanos. En el contexto de la guerra en Ucrania, que ha generado escasez mundial tanto de granos como de fertilizantes, ello representa importantes oportunidades para varios países de América Latina. Sin embargo, y a pesar de la petición de varios países para revisar los tratados, el régimen internacional obstaculiza el uso de la hoja de coca para estos fines.
En México, como en otros países de la región, es difícil, si no imposible, explorar los posibles usos de las plantas ilícitas que se siembran y cultivan en el país. El gobierno promete investigaciones científicas serias, pero insiste en hacerlo desde el marco de la prohibición. Si bien nada de esto hará que el mercado ilícito desaparezca, tampoco lo ha hecho la prohibición. En cambio, podrían abrirse alternativas alimentarias para la población y oportunidades de producción para las zonas cultivadoras que han sido golpeadas tanto por la aparición del fentanilo como por el uso de agroquímicos en erradicaciones forzadas.
No faltan argumentos para desechar la prohibición, el propio Conacyt ha financiado múltiples estudios que muestran los daños de esta política que el gobierno de López Obrados prometió cambiar, pero decidió continuar. Es inconcebible que en esta discusión otros modelos regulatorios no se pongan siquiera en la mesa.
Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea