En 2019, cuando el gobierno federal propuso reformar la Constitución para ampliar la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa (esto es, de cajón), se generó una importante controversia a nivel nacional. Expertos y expertas, organismos nacionales e internacionales, la CNDH, la ONU advertían que se trata de una medida que nos hace vulnerables frente al actuar arbitrario de las autoridades. “Lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos”, dijo entonces la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No obstante, la Constitución fue reformada.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué es tan problemática? Es una medida que permite a las policías, militares y fiscales (esos tan temidos por sus excesos y tan odiados por su corrupción) decir: mientras averiguamos si fue o no culpable, enciérrenlo ahí. No importa que la evidencia presentada en contra de una persona sea débil o que no haya ningún riesgo de que la persona acusada se escape, debe quedarse en la cárcel hasta que demuestre su inocencia. Es, en la práctica, el inverso a la presunción de inocencia.
Existe otra figura, la prisión preventiva justificada, esa permite que los mismos policías, jueces y fiscales soliciten al juez el uso de la prisión preventiva, pero deben convencer a un juez de que es una medida necesaria. Esto es: se trata de la misma medida, pero no es automática. Debe justificarse en cada caso y eso es lo que no le gusta al gobierno federal.
La semana pasada la SCJN presentó dos proyectos de sentencias en los que se propone eliminar la prisión preventiva oficiosa del derecho mexicano. No se pide quitar la prisión preventiva en general, solo aquella que se aplica en automático sin que el juez sea quien juzgue si el caso lo amerita o no. Al mismo tiempo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se discute un caso en contra del Estado mexicano en el que nuestras autoridades dejaron a dos personas por más de 17 años en prisión preventiva, sin que hubiese una sentencia que los condenara.
Frente a la posible decisión de la Corte, un López Obrador claramente molesto, acusó de corruptos a los jueces y cuestionó dejar en manos de ellos o ellas la decisión de quedar en la cárcel. En su visión, esa tarea compete a los fiscales o militares que acusan. El secretario de Gobernación, asimismo, afirmó que si se acota la prisión preventiva “se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país”.
Vaya confesión. La estrategia de seguridad de este país está basada en una medida arbitraria que violenta los derechos que prometieron defender. ¿No tiene pruebas suficientes de que el acusado es un riesgo para la víctima o de que se va a escapar? No importa, usted solo apunte el dedo, y automáticamente se hace lo demás.
La prisión preventiva oficiosa no es justicia, es un castigo anticipado y es un parche que encubre la incompetencia de las autoridades. Las autoridades piden prisión preventiva de oficio porque no saben acreditar hechos. Insistir en la medida es reconocer su propio fracaso, una forma de encubrir el deficiente actuar de las instituciones de seguridad.
Es también es una forma de concentrar poder en el ejecutivo y debilitar a la judicatura . Los jueces les estorban a las autoridades porque piden razones y pruebas. La prisión preventiva de oficio anula a los jueces y los hace meras marionetas que legitiman las decisiones del ejecutivo. Ya es hora que los ministros defiendan su papel y nuestros derechos.
@cataperezcorrea
