Hace unos días se publicó en The Washington Post un artículo que advierte sobre la supuesta intención de Donald Trump de usar el sistema de justicia para investigar a opositores políticos y de revivir la Ley de Insurrección en Estados Unidos, en caso de ganar nuevamente la presidencia. Esta Ley, del siglo XIX, da poderes al presidente para usar a los militares en asuntos internos: casos de insurrección, violencia doméstica, cuando un estado de La Unión lo requiere del gobierno federal, entre otros. La falta de claridad sobre lo que constituye una emergencia y la discrecionalidad otorgada al Ejecutivo para el despliegue de los militares, preocupa por el posible uso del ejército en casos de protesta social. No es la primera vez que Trump propone hacer uso del ejército para asuntos internos. En junio de 2020, luego de las movilizaciones por la muerte de George Floyd, su equipo propuso desplegar a militares para contener las protestas usando esta ley. Ahora, nuevamente surge la intención de desplegar a militares a partir del primer día de su gobierno, en caso de haber movilizaciones en su contra.
En Estados Unidos el resurgimiento de esta Ley quebranta la tradición de no interferencia de los militares en asuntos internos y de gobierno civil. Aun en los círculos políticos republicanos, existe la creencia de que el despliegue militar para asuntos internos constituye un peligro para las libertades individuales. Sin embargo, el populismo autoritario de Trump ha abierto un discurso y políticas que hasta hace poco eran tabú. Algo similar vemos en el resto del continente en El Salvador con Nayib Bukele; en Brasil, con Bolsonaro; en México, con López Obrador, y ahora en Argentina con el recién electo Javier Milei. No se trata de dictaduras en el sentido duro del término, sino de regímenes con una disposición autoritaria, que tienden a la concentración de poder y a un debilitamiento de la división de poderes e instituciones estatales.
En estos casos, el ejército parece tener un rol central. En El Salvador, Nayib Bukele hace uso de los militares en su guerra contra las pandillas. En Brasil, el ejército cobra un nuevo protagonismo que había dejado de tener. En Argentina, Milei ha minimizado los crímenes cometidos por el ejército durante la dictadura militar. Si la Ley de Insurrección resuena en México, es porque llevamos ya años desplegando al ejército internamente en contra de nuestra propia población. La Ley de Seguridad Interior no era más que una argucia —“fraude a la Constitución” lo llamó la Corte— para permitir esto. Hoy, esa ley palidece frente a la militarización de espacios civiles que vivimos bajo el gobierno de López Obrador.
El regreso de Trump en Estados Unidos parece hoy factible. En las últimas encuestas, la popularidad de Biden ha alcanzado bajos históricos, mientras que Trump sigue como favorito entre los candidatos republicanos. El regreso del autoritarismo populista en todo el continente es preocupante, pero sobre todo, es ya una amenaza innegable. El militarismo del siglo XXI no se justifica por guerras o invasiones extranjeras, sino en desacuerdos y quebrantamientos internos que permiten adoptar políticas de debilitamiento del gobierno civil, de los derechos humanos y del régimen constitucional.