Dos sentencias de amparo determinaron que los procesos penales seguidos en contra de Laura Moran (de 94 años) y Alejandra Cuevas (de 67 y detenida en el penal de Santa Martha Acatitla desde hace 7 meses) son ilegales y violan los derechos fundamentales de las denunciadas. Ambas mujeres fueron denunciadas en la Ciudad de México por el delito de homicidio doloso en contra de Federico Gertz Manero, por el hoy Fiscal General, Alejandro Gertz Manero , hermano del difunto. Según el fiscal general, ambas mujeres negaron los cuidados y atenciones necesarias para Federico, hasta causar su muerte. Sin embargo, en las sentencias de amparo se señala la falta de evidencia para establecer la responsabilidad de las acusadas e incluso se afirma que algunas de las pruebas demuestran que sí se llevaban a cabo cuidados y atenciones del hermano del fiscal.
Hace unos días se filtraron varios audios de una llamada entre el fiscal general y Juan Ramos López, subprocurador de la FGR. En dichos audios Gertz afirmó estar en posesión del proyecto de sentencia que el ministro Alberto Pérez Dayán iba a presentar ante el pleno de la Corte para la revisión del caso. Dicho proyecto proponía confirmar el amparo y reponer el procedimiento para que se evaluaran debidamente todas las pruebas. De aceptarse por el pleno, afirma el fiscal en los audios, se permitiría la liberación de Alejandra (a quien Gertz se refiere como “la pendeja esa que está en la cárcel”). En la conversación, el Fiscal sostiene tener a “3 o 4 ministros” que no van a dejar pasar el proyecto de Pérez Dayán sobre quien dice que le quiere “ver la cara de pendejo” .
Es escandaloso que alguien pueda intervenir las llamadas del Fiscal General del país y hacer públicas sus conversaciones. Pero es igualmente escandaloso el contenido de los audios que en una entrevista en radio, Gertz Manero confirmó como verdadero y legal. El Fiscal afirma en los audios tener a 3 o 4 ministros, como si el Poder Judicial fuese apropiable, parte el patrimonio personal del Fiscal, que se adquiere y acumula. También es escandaloso el abuso del poder público en que incurre el Fiscal, quien no explicó por qué tuvo acceso al proyecto de sentencia (mientras que la contraparte no había tenido acceso a la misma), por qué “tiene” a ministros de su lado o por qué un funcionario de la FGR, subordinado a él, se encarga de gestionar sus asuntos personales. Los audios además dan cuenta de las rivalidades y falta de cohesión que existen en el gobierno, lo que explica las estrategias y mensajes descoordinados en materia de seguridad y justicia.
La discusión sobre el caso, que ayer tuvo lugar en el pleno de la Suprema Corte , pone nuevamente en evidencia las irregularidades que hubo. Estas fueron tan flagrantes que cinco ministros se pronunciaron por otorgar el amparo liso y llano a efecto de dejar en libertad de inmediato a Alejandra. Diez ministros se pronunciaron por estudiar el fondo del caso y elaborar un nuevo proyecto que resuelva de una vez sobre las imputaciones realizadas. Sorprendentemente, en lo que esto sucede, Alejandra va a permanecer en prisión, en espera de que se presente, discuta y resuelva este nuevo proyecto ante el pleno de la Corte. ¿Por qué resolvieron así los ministros que no votaron por la liberación inmediata de Alejandra? El interés que el caso tiene para el Fiscal y la defensa posterior que ha hecho el presidente López Obrador de Gertz hacen suponer las peores razones.
No es la primera vez que el Fiscal General se ve involucrado en un caso donde se señala su abuso de poder. El año pasado, varios académicos presentaron una denuncia ante CONACYT por encontrar abundantes pruebas de que cometió plagio en un libro . Pero a pesar de ello, Conacyt se negó a sancionarlo o a reconsiderar el reconocimiento del SNI III que le habían otorgado -irregularmente- poco antes. Peor aun, la FGR emprendió la persecución penal de 31 investigadores -enemistados con la directora de Conacyt- por delitos de delincuencia organizada, levantando sospechas de un intercambio de favores. Este año también la UIF observó un posible conflicto de interés en el caso que el fiscal general inició en contra de la Fundación Jenkins, dueños de la UDLAP . La lista de “Gertzcándalos” no es breve.
Llevamos años intentando construir un Estado de derecho funcional, un sistema de justicia eficiente y de construir confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué esperanza tenemos de lograr esto con un Fiscal que se comporta de manera abusiva, patrimonialista e ilegal, con una Corte timorata y con un presidente que defiende el uso ilegal del poder que hacen sus amigos?
@cataperezcorrea
