El pasado 3 de mayo, el presidente López Obrador, acompañado de María Elena Álvarez-Buylla, defendió en su conferencia mañanera a la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. La ley fue aprobada el viernes anterior, de madrugada y sin tomar en cuenta la mayoría de las opiniones de la comunidad académica y científica del país. A pesar de haberse comprometido a hacer 7 foros de discusión sobre la ley antes de dictaminarla, las y los legisladores del partido oficialista apresuraron el proceso legislativo y aprobaron una nueva ley que centraliza fuertemente la toma de decisiones sobre la investigación del país, le resta autonomía a los Centros Públicos de Investigación y —como ya es normal en este gobierno— incorpora a la Sedena y la Semar al máximo órgano consultivo en la materia, dándoles voz y voto para participar en el proceso de toma de decisiones sobre la investigación de ciencia y tecnología que debe hacerse en el país. (Nota al margen: en 1995 se incluyó a las mismas instituciones en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En esa inclusión se ha sustentado, en gran medida, el proceso de militarización que hoy se encuentra desbordado.)
El proceso, desaseado y poco democrático, dio pie a nuevas críticas de la comunidad académica y científica. Pero en lugar de responder con argumentos a las críticas sobre la nueva ley, Álvarez-Buylla se lanzó a acusar de corruptos y neoliberales a los gobiernos pasados. Además, atacó nuevamente al CIDE, uno de los Centros Públicos más importantes del país. Como si se tratara del organigrama de una organización de delincuencia organizada, la directora del Conacyt presentó un mapa titulado “CPI neoliberales: Desvío de funciones y redes de intereses creados”, en el que nombra a diversos profesores y académicos, y los vincula por medio de flechas, sin quedar del todo claro de qué son acusados.
Soy profesora del CIDE. Allí, durante años y con distintos gobiernos, se han realizado estudios sobre corrupción, militarización, violencia, el sistema electoral mexicano, el sistema de transparencia y rendición de cuentas, entre muchos otros. La comunidad es bastante diversa en enfoques, intereses y espectros políticos. Desde el CIDE hemos estudiado los efectos de la guerra contra las drogas que lanzó Felipe Calderón y la prohibición. Con otros profesores del CIDE participé en la campaña de rechazo al nombramiento de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia y también de oposición a la Ley de Seguridad Interior. Ni en el gobierno de Calderón ni en el de Peña nos intentaron silenciar. Fue hasta este gobierno —el de la Ciencia de Estado y el de la lista de académicos opositores— que la comunidad se convirtió en blanco de ataques del parte del gobierno federal. Hoy, los estudios sobre las instituciones electorales, sobre transparencia y rendiciones de cuentas, sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Mexicano se han convertido en un problema de Estado.
La escena de la directora de Conacyt en la mañanera, defendiendo el atropello legislativo con ayuda de un organigrama de académicos que presenta como enemigos, ilustra perfectamente algo muy común de este gobierno: la arbitrariedad en la toma de decisiones y las descalificaciones como recurso para defender los atropellos. Nadie niega que el gobierno deba de promover investigación que sirva al Estado. Tampoco se niega que la ciencia es políticamente relevante. Pero ni el gobierno es el Estado, ni es el objetivo de la ciencia debe de ser complacer al poder. Tachar de enemigos a quienes difieren o a quienes se oponen —con argumentos— a ciertas políticas de gobierno, no es democrático, ni procura el bien para el pueblo. Es censura y tarde o temprano, quienes hoy aplauden estos atropellos volverán al otro lado del mostrador.
Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea
