La madrugada del 22 de agosto de 2014, Viridiana Molina despertó con golpes sobre la puerta de su casa. Estaba en la habitación con sus hijos gemelos de 11 meses. En otra habitación se encontraba su expareja, a la que había denunciado varias veces por violencia doméstica. Su hija de 6 años se había quedado a dormir en casa de su mamá. Tras romper la puerta, entraron aproximadamente 16 personas vestidas de negro y armas largas. Se llevaron a Viridiana y a su expareja a una casa de arraigo en la CDMX. Ahí fue amenazada y físicamente violentada. Las autoridades le exigían que firmara varios documentos inculpándose. La amenazaron con quitarle a sus hijos y apresar a su mamá —que entonces ya cuidaba a los gemelos y a su hija— si no firmaba los papeles que le ponían enfrente.
Luego de 80 días, Viridiana fue acusada de delincuencia organizada, tráfico de indocumentados, dinero de procedencia ilícita y trasladada a un penal federal. El delito de dinero de procedencia ilícita era por un monto de 120 mil pesos que, según las autoridades, se encontraba repartido en una cuenta de banco, una de afore y algunos recibos de envíos de remesas que supuestamente fueron recibidos a través de Western Unión. Unos meses más tarde, su madre también fue detenida y los tres menores quedaron a cargo de una tía. La hija de Viridiana presenció la detención de su abuela.
Casi 5 años después, en 2019, Viridiana fue absuelta de todos los delitos por un juez federal y liberada. Viridiana pudo reunirse nuevamente con sus hijos. Los dos gemelos presentaban problemas de desarrollo debido al trauma de perder a la mamá y luego a la abuela. Desde su liberación, Viridiana se ha convertido en una activista por los derechos de las mujeres en prisión.
Sin embargo, el ministerio público federal impugnó la decisión del juez y, hace unos meses, un tribunal colegiado revirtió la absolución. A pesar de la falta de pruebas, de la existencia de amenazas y tortura, el Poder Judicial Federal declaró a Viridiana culpable y la condenó a 9 años en prisión (es decir que Viridiana tendría que volver a pasar otros 4 años y medio encarcelada).
El Instituto Federal de la Defensoría Pública impugnó esta última decisión ante la Suprema Corte de Justicia porque, entre otras cosas, el tribunal colegiado no juzgó con perspectiva de género. Para la justicia federal resultó irrelevante que Viridiana haya sido torturada (y que existan pruebas de ello). Su culpabilidad está en haber sostenido una relación sentimental con alguien señalado como culpable por las autoridades. La Corte Suprema, por su parte, desechó el caso por no considerarlo de “interés excepcional”, haciendo de lado su propio protocolo.
Es inconcebible que, en un país como México, marcado por la violencia cotidiana y la impunidad, las autoridades enfoquen los escasos recursos existentes en la fabricación de culpables, en perseguir y encarcelar a madres solteras. Lo hacen porque son presa fácil. En estadísticas, Viridiana aparecerá como una cifra en el logro al combate a la delincuencia organizada que realiza la Fiscalía General de la República de la mano del poder judicial federal. No importa que su hija de 13 años y sus dos hijos de 7, perderán nuevamente a su madre ni el costo que tiene para el Estado el despilfarro.
La Corte tiene ante sí la oportunidad de reafirmar su compromiso con la justicia y la perspectiva de género. Ojalá los y las ministras honren su cargo y defiendan los derechos de una familia que ya ha sufrido los atropellos de nuestro indecente sistema de (in)justicia.
Profesora investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea