En 2024 se termina el plazo constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública y regresen a los cuarteles. Recordemos que la Guardia Nacional se creó, a nivel constitucional, como un cuerpo de seguridad civil. Así lo acordaron todos los partidos, incluido Morena, tras un amplio debate nacional sobre la situación de violencia en el país y el papel de las fuerzas armadas. Mientras se consolidaba la Guardia como un cuerpo independiente y civil, se autorizó la conformación temporal de la misma con policías navales y militares.
Hoy, sin embargo, la Guardia Nacional es un cascarón vacío. Cuenta con poco más de 20 mil plazas propias, pues las demás están en Sedena. Si hoy los militares fueran retirados de la Guardia Nacional, quedaría con menos personal del que tenía la Policía Federal. Esto es así por decisión del presidente López Obrador, quien, desde la creación de la Guardia, ha ignorado el mandato constitucional de crear un cuerpo civil. En lugar de ello, creó plazas dentro de Sedena y puso la formación, equipamiento, construcción de cuarteles, etc., de la nueva institución en manos de los militares. Ante el cumplimiento del término constitucional para que regresen a los militares a los cuarteles, López Obrador anunció su intención de incorporar formalmente la Guardia Nacional a la Sedena, pero al no contar con la mayoría parlamentaria para cambiar la Constitución, lo hará a través de un acuerdo presidencial o una reforma de ley. El anuncio es la confesión abierta de que continuará violando la Constitución y que además ordenará a los militares a que hagan lo mismo.
Las Fuerzas Armadas llevan exigiendo un marco legal que legitime su inconstitucional participación en tareas de seguridad pública desde hace años. En 2008, luego del despliegue militar que ordenó Felipe Calderón, cabildeaban por un sustento legal para (por tiempo limitado) poder continuar con los operativos conjuntos. El Congreso rechazó esta propuesta y, en cambio, estableció en la Constitución que la seguridad pública debía de estar siempre en manos de corporaciones civiles. En 2009 proponían un capítulo en la Ley de Seguridad Nacional para regular la continuación del despliegue militar, pero el Congreso también desechó esa propuesta en 2011. Para 2016, ya proponían la Ley de Seguridad Interior (la famosa #LeyGolpista aprobada en 2017 y declarada inconstitucional a finales de 2018). Al igual que ahora, en 2016, se acercaba una elección federal y se argumentaba que la militarización permanente era no sólo la solución adecuada a la inseguridad, sino además indispensable y urgente. “No es seguridad pública”, decían entonces. “No hay de otra.” “Las policías civiles están rebasadas.” “El crimen organizado es muy poderoso.” “No podemos retirar al Ejército.” “No es lo óptimo, pero es necesario.” “Es mejor regular la excepción que seguir negándola.”
Nuevamente, se aproxima el fin del sexenio y se acaba el plazo en que pueden los militares seguir haciendo las veces de policías. Nuevamente, se plantea la necesidad de hacer permanente la presencia militar en nuestras calles y en nuestros teléfonos. Los morenistas que antes denunciaban la subordinación del poder civil ante el militar, ahora repiten los mismos argumentos de sus antecesores. Y agregan: “No se está militarizando al país, se está policializando a los militares.” “El presidente es el comandante en jefe y es civil, así que no es militarización.” “No es lo mismo que antes. Confiamos en López Obrador porque es bueno”. Los morenistas de hoy, como quienes antes criticaban, actúan como si la Constitución fuera el marco legal de un gobierno y no de un país, como si fueran a estar en el poder para siempre.
Conforme se acerca el fin de este gobierno, veremos más presión para ampliar y hacer permanente la militarización de la seguridad pública. Una vez más, ofrecerán promesas en lugar de resultados, amenazas en lugar de razones, y mentiras que traten de ocultar lo que es imposible de ocultar: en este país el primero en violar la ley, es el gobierno. Veremos los mismos argumentos, para tratar de convencernos —una vez más— de que esta vez es distinto, que la situación es urgente y que hay que aprobar la militarización de lleno, con premura y confiar en que, ahora sí, la militarización servirá para construir paz.
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@cataperezcorrea