Hace unos días el secretario de Marina apareció en la mañanera para hablar de los decomisos de precursores químicos que han realizado en los puertos del país. “…es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, pues las ayudas, que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos… Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos, pero tenemos que hacerlos muy bien hechos.”
Las declaraciones son preocupantes por varias razones. La más evidente es el uso del lenguaje bélico -de amigos/enemigos- para señalar a uno de los poderes constitucionales desde otro, específicamente desde una de nuestras instituciones castrenses. Una de las críticas que más frecuentemente se ha hecho sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es la adopción de una lógica de guerra y excepcionalidad legal para atender el problema de la delincuencia. Constitucionalmente, los soldados tienen la función de defender a la nación de enemigos. El armamento que utilizan, el entrenamiento y sus tácticas, son propias de la guerra -en la que se eliminan enemigos- y no de la normalidad constitucional -donde corresponde detener, juzgar y sancionar ciudadanos que delinquen-. La función para la que existen nuestros institutos castrenses -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- no es detener a ciudadanos que han quebrantado la ley sino “abatir” o “neutralizar” (matar) a quienes amenazan a la nación.
Que el secretario de la Marina afirme en la mañanera que “el enemigo está en el poder judicial” refleja cómo ha permeado y se ha normalizado la lógica y el lenguaje militar en el poder público del país. Además, pone en evidencia el peligro que conlleva la expansión militar de los años recientes, especialmente en un contexto de asedio desde el Poder Ejecutivo a los órganos diseñados para fungir como sus contrapesos constitucionales. No olvidemos que los jueces que el Almirante critica están allí para garantizar respeto a la legalidad, al debido proceso y a otros derechos fundamentales por parte de los soldados y de otros funcionarios del Ejecutivo Federal (y de los poderes estatales y municipales).
Pero las declaraciones de secretario muestran otros problemas: el fracaso de la actual -y ya añeja- estrategia de control de sustancias a través de los decomisos, operativos y despliegue militar y, la realización de tareas de investigación por parte de las fuerzas armadas, sin tener facultades para ello. “A partir de que se tomó control de los puertos, se les ha estado cerrando el camino y ya no está exclusivamente yéndose a Manzanillo o Lázaro Cárdenas. Ya subieron a Ensenada, por ejemplo, y ya están metiéndose por Guaymas…”, dijo el secretario. En otras palabras, ante el cierre de puertos donde operan, el crimen organizado ha optado por abrir otras rutas. Esto mismo se ha visto, durante años, en México y otras partes del mundo. Los decomisos, las erradicaciones forzadas, no inhiben el mercado a mediano o largo plazo, solo modifican las rutas y dispersan los mercados ilícitos (y la violencia) a otras partes. La prohibición que hemos implementado no logra más que extender el problema que representa el crimen organizado a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy tenemos un ejemplo más.
“La idea no es nada más decomisar la carga sino de donde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde van”, dijo también el almirante ¿Cuál es el marco legal que faculta a la Marina para realizar investigación del delito? Ninguno.
Morena llegó al poder con una promesa de cambio en las políticas de seguridad y de drogas. También con una promesa de respeto a la ley. Las palabras del secretario muestran que fueron promesas para la campaña que quizás nunca pensaron cumplir. Muestran, también, que desde el Ejecutivo los contrapesos son vistos como enemigos, no como pares, como dicta la Constitución.
Profesora investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea
