La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “cínico” a Felipe Calderón, quien no solo defendió la política de seguridad emprendida bajo su gobierno sino que negó haber tenido conocimiento de alguna actividad ilícita de Genaro García Luna. Los acontecimientos recientes, dijo la presidenta, hablan de la decadencia del sexenio de Calderón que siguió, además, “hasta que llegó la cuarta transformación”.
El Calderonato fue un parteaguas en términos de seguridad para México. Múltiples estudios lo han mostrado. La política de seguridad de entonces ꟷbasada en el despliegue militar, la guerra contra el narcotráfico y la detención de “objetivos prioritarios”ꟷ, revirtió la tendencia hacia la baja en homicidios que había en el país. Los secuestros y otros delitos violentos crecieron significativamente durante su administración, como también lo hicieron las denuncias hacia las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
Ofende que Felipe Calderón defienda sus decisiones en materia de seguridad sin ningún reconocimiento de los enormes costos humanos e institucionales que tuvieron. Pero hiere también que la hoy presidenta se pretenda deslindar del pasado cuando su estrategia de seguridad, presentada apenas hace unos días es, en muchos aspectos, una continuidad de la de Calderón. Si el Calderonato comenzó con el despliegue de las fuerzas armadas, la Presidencia de Claudia Sheinbaum lo hizo con una reforma a la Constitución para permitir la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública. Se trata de la culminación de un cambio que comenzó en 2006. Entre las facultades que hoy tienen las fuerzas armadas están los operativos conjuntos (art. 9, LGN), tan criticados antes por miembros de su partido, y la preservación del lugar de hechos delictivos sin participación de autoridades civiles. La figura de los jueces sin rostro, que Morena incluyó en la Constitución como parte de la Reforma Judicial a pesar de ser inconvencional y de los enormes riesgos que conlleva para la seguridad jurídica de las personas, fue propuesta durante el Calderonato. El discurso de antagonismo hacia el Poder Judicial, el reproche hacia las personas juzgadoras por la inseguridad e impunidad que han marcado las conferencias de Sheinbaum, eran también propios del gobierno de Felipe Calderón.
En septiembre de 2011ꟷen respuesta a preguntas recibidas a través de redes sociales sobre su gobiernoꟷ, el entonces presidente respondió: “La impunidad se da, o porque no atrapamos a los delincuentes … o porque en el juicio se encontró algún detalle, algún argumento ahí raro y lo sacan. ... La verdad real, la que importa al ciudadano es que el señor es un ratero y está libre y ahora volvió a matar a 52 gentes.” Y añadió: “No es que yo la traiga contra los jueces … pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y los agarra y los agarra y los sacan y los sacan y los sacan.” Años antes Calderón había pedido al Consejo de la Judicatura revisar la actuación de jueces que “están poniendo en la calle a criminales que son, incluso, confesos”. Como hoy, poco le importaba al gobierno de entonces que las personas que llegaban ante los jueces hubiesen sido torturados, sacados de sus domicilios de madrugada, sin órdenes de aprehensión. Cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el uso del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, por violar diversos derechos incluidos en la Constitución, su gobierno modificó la Constitución para incluir ambas figuras.
No sostengo que en materia de seguridad los gobiernos de Calderón, de López Obrador y Sheinbaum sean idénticos, pero hay paralelos evidentes. La receta de Calderón fue militarizar, reformar la Constitución para limitar derechos y culpar a los jueces de su fracaso. Morena ahora aplica la misma fórmula. Ninguno acepta la ley como límite. Quizás no ven, o no les importa, que ese límite está marcado por la existencia de derechos y que la obligación de jueces no es hacerle más fácil el trabajo al ejecutivo, a los ficales o militares. La transformación, si la hay, está en remover de la Constitución el compromiso que como nación asumimos con los principios más básicos de división de poderes, estado de derecho y debido proceso.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
