La semana pasada se presentó el tercer informe del Monitor de la Fuerza Letal de América Latina y el Caribe, un proyecto que busca medir el uso y abuso de la fuerza letal por el Estado en 9 países: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Perú, Trinidad and Tobago and Venezuela. Tal como sucede en México, en otras partes del continente la muerte de personas a manos del Estado es un acontecimiento que pocas veces se investiga. Cuando el estado mata, se asume que hubo un uso legítimo de la fuerza y se deja a las víctimas demostrar que existió un abuso y lograr justicia. El principal problema en nuestros países es que la muerte de ciudadanos a manos de agentes del estado no se investiga, la falta de información oficial confiable que permita a terceros evaluar el uso de la fuerza y la consecuente impunidad.
En el caso de México, el estudio muestra que la violencia ejercida por el gobierno federal no ha vuelto a alcanzar los altísimos niveles registrados durante la presidencia de Felipe Calderón. En 2011, las fuerzas federales mataron a 1456 civiles. En comparación, en 2020 se registraron 290 civiles muertos y en 2022, 229 (aunque es posible que exista un subregistro en las cifras oficiales). Sin embargo, existen datos preocupantes, especialmente para el ejército.
Primero, el ejercito es la principal institución federal que mata. Al final del sexenio de Peña Nieto, esta institución era responsable de 62% de los civiles fallecidos por fuerzas federales, en el actual gobierno (sin la policía federal, pero con la Guardia Nacional desplegada) es responsable de entre 80 y 90% de los civiles muertos por fuerzas federales.
Segundo, a pesar de reducir el número total de muertos, algunos indicadores siguen mostrando niveles muy preocupantes. El índice de letalidad del ejército ha disminuido desde 2012, cuando llegó a un valor de 9.5 civiles muertos por cada herido a nivel nacional (cuando debería ser cercano o menor a 1). En 2022, fue de 2.8 a nivel nacional. Pero en algunos estados, sigue registrando niveles muy altos, alertando posibles ejecuciones extrajudiciales. En Tamaulipas en 2020 este indicador fue de 16.8 civiles muertos por cada herido. En Zacatecas ese año fue de 7. En Michoacán, el índice de letalidad pasó de 2.3 en 2020 a 16 en 2021, valores mayores o parecidos a los más altos alcanzados durante el Calderonato.
La relación entre muertos de un lado y otro, también apunta a un uso desproporcionado de la fuerza letal por parte del ejército. En 2020 el ejercito mató a 39.5 personas por cada soldado muerto. En 2011, el año con mayor registro de civiles muertos, ese valor fue de 32.6.
Estos datos muestran que si bien hay menos civiles muertos en total por las fuerzas federales, el uso en varios estados sigue apuntando a una falta de proporcionalidad, moderación y necesidad. Solo a través de investigaciones independientes podrían saber lo que realmente sucede y si se trata de un uso legítimo de la fuerza letal. Sin embargo, estas no existen. El ejército y las policías se investigan solas, si es que hay investigación.
Tercero en el caso de las policías locales, también hay resultados preocupantes. Las policías locales tienen enorme vulnerabilidad. 90% de los agentes de seguridad asesinados en México son policías locales. En lugar de advertir sobre algún patrón de abusos, los indicadores para varias corporaciones muestran su desprotección y el alto riesgo que corren en contextos de alta violencia. El gobierno federal y los estatales han abandonado a las policías y dejado a los policías a su suerte. Este, sin embargo, no es el caso para todas las policías. Una parte considerable de los civiles muertos por policías locales corresponden a la policía de Tamaulipas, un estado donde se han disuelto a las policías municipales y la estatal cuenta con grupos especiales fuertemente militarizados. También Zacatecas y Coahuila presentan datos preocupantes para algunos años. Ello lleva a preguntar sobre las consecuencias de militarizar a las policías civiles en términos de respeto a la vida, pero también de logros en materia de seguridad.
La investigación sobre el uso y abuso de la fuerza letal en México muestra que el slogan de “Abrazos, no balazos”, de López Obrador, no fue una realidad en todo el país. Si bien es innegable que los números totales de civiles muertos a manos de las instituciones federales han disminuido, en algunas partes del país la evidencia apunta a ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, sin investigaciones independientes y serias; sin información completa y confiable (que toda institución de seguridad pública está obligada a producir), seguiremos evaluando a partir de una imagen parcial sin entender cómo y cuándo el Estado mata.
