El presidente ha entablado una cruzada contra el poder judicial, específicamente el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia. Apenas el mes pasado envió una nueva iniciativa de reforma a la Constitución en la que propone reducir el tamaño de la Corte, eliminar las salas, eliminar el Consejo de la Judicatura y, lo que más ha repetido, que a “jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”. Alegando corrupción en el poder judicial y la necesidad de dotar al mismo de legitimidad democrática, insiste en las bondades de que futuros jueces hagan campañas y sean electos.
Ciertamente, el actual método de selección de ministros(as) tiene deficiencias. La elección de Lenia Batres a la Corte Suprema es el mejor, pero no único, ejemplo de ello. A pesar de las muchas críticas a su perfil militante y al nepotismo implícito entre las candidaturas enviadas, su designación fue por dedazo del presidente. Otras designaciones que ha hecho AMLO también han sido problemáticas, al igual que las de gobiernos anteriores, con personajes como Medina Mora. Pero las reformas propuestas por López Obrador no resuelven los problemas actuales, en cambio, generan nuevos y más graves.
Primero: sostener que la elección directa de jueces va a mejorar su legitimidad democrática, es falso. Si así fuera, habría que explicar por qué los y las diputadas -electas cada 3 años- están entre los actores políticos con menor confianza entre la ciudadanía, mientras que el INE está entre los más altos. Habría también que explicar por qué lo militares, cuyos procesos de nombramiento son muy poco transparentes y democráticos, gozan de mucha confianza. En la encuesta 2023 de Latinobarómetro la confianza en las fuerzas armadas es incluso mayor que la del presidente, y el poder judicial tiene mayor confianza que el congreso. La participación en elecciones en todo caso parece tener una relación negativa con la confianza en las instituciones.
Segundo, la elección de jueces en nada atiende los problemas de transparencia o corrupción en sus decisiones. De nuevo, miremos al Congreso. ¿Cuántos casos hay de votos no razonados o leyes aprobadas sin siquiera discutirse públicamente? Ahí está el viernes negro como botón de muestra. Si lo que se desea es transparencia y rendición de cuentas, sería mejor buscar mejoras en la calidad de las sentencias y mayor oralidad de los procesos (no solo los penales).
Durante los siguiente meses atestiguaremos más críticas al poder judicial y a la Corte. Desde el oficialismo se seguirá responsabilizando a jueces del aumento de personas encarceladas sin sentencia (una consecuencia directa de las reformas impulsadas por el propio AMLO en materia de prisión preventiva oficiosa) o de la liberación de detenidos (una consecuencia de la ineptitud y politización de la FGR, tan aliada del gobierno). Pero no está ahí el interés del presidente. Tampoco está en los problemas de los poderes judiciales locales, donde poco se ha hecho para mejorar la calidad de la justicia y donde la enorme mayoría de los casos ocurren. Su atención está en la existencia de otro poder que limite su actuar e intente acotarlo a lo permitido por la Constitución. La cruzada contra el poder judicial no es por la justicia, sino en contra de la independencia judicial, del constitucionalismo y de la división de poderes.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea
