Uno de los principales argumentos del presidente López Obrador para justificar la expansión de las funciones de militares a tareas civiles, especialmente de seguridad pública, es la confianza que la gente tiene en esa institución. Hace apenas unos días, AMLO mostró nuevamente datos sobre la confianza en las Fuerzas Armadas: Marina, 84%; Ejercito, 82% y Guardia Nacional 71%. “Esta confianza de la población en las instituciones de seguridad es muy importante”, , “… es resultado del trabajo que se hace de manera cotidiana.” Y continuó: “Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad … Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo. … Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos.” 
 
Ciertamente durante años la población mexicana ha mostrado elevados niveles de confianza en las fuerzas armadas, aunque eso,  no significa que estén a favor de militarizar la seguridad cotidiana. Sin embargo, las filtraciones de #SedenaLeaks permiten ver que atrás de esa confianza hay un aparato militar de propaganda, gastando una desconocida suma de recursos públicos para mejor su propia imagen y vender a la institución como si fuera un producto comercial. 
 
Según este diario, en  Sedena ubicó 22 temas que afectan su imagen ante la opinión pública. Estos van desde la militarización, la falta de transparencia, el narcotráfico hasta la violación de derechos humanos, e incluyen eventos específicos como la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, la ejecución de civiles en Tlatlaya, el Culiacanazo o la entrega de recursos públicos a empresas fantasmas. El documento filtrado incluye instituciones u organizaciones de la sociedad civil y las identifica como responsables de la mala imagen del Ejército en ciertos temas. La institución, además, establece líneas de acción que van desde emitir comunicados, hacer uso de redes sociales o incluso hacer menciones de los temas en la mañanera a fin de mejorar su imagen.  
 
En otro documento, denominado  según el portal Animal Político, se establece como objetivo que la Sedena sea la institución “más confiable, cercana y respetada por la sociedad”. Entre las acciones descritas para lograr esto se incluye dar apoyo a películas sobre acciones militares e impulsar el empleo de personajes militares en programas televisivos, abrir 12 campos militares al público para paseos dominicales e incorporar atletas de alto rendimiento al instituto armado. 
 
En otros documentos más, según  la dependencia considera el uso de redes sociales oficiales y no oficiales como una herramienta para “influir en la percepción que tiene la población sobre el instituto armado”. Según esta investigación, la institución pide a sus integrantes videos que son editados para, una vez aprobados, ser compartidos en cuentas no oficiales de la red social TikTok. Asimismo, entre el personal se pide promover los contenidos de las cuentas para lograr mayor alcance.  
 
Las diversas filtraciones evidencian que la confianza en la Sedena está construida —en alguna medida— por un aparato institucional que tiene ese fin. Las personas confían en la institución no solo por el trabajo que desarrollan, como afirma el presidente, sino porque hay un aparato de propaganda magnificando resultados positivos y minimizando —o escondiendo— errores y crímenes. Si bien Sedena ha construido una buena imagen a lo largo de la historia por estar enfocada su participación pública a tareas de rescate de la población civil, lo normal es que esta confianza disminuya conforme aumenta la presencia militar en tareas que implican la detención de más personas, el espionaje y el uso (y abuso) de la fuerza pública. ¿Cuánto cuesta este aparato de propaganda? ¿Cómo sería la confianza si no fuera artificial? No sabemos las respuestas, pero con estas revelaciones, se cae otra pieza de la justificación gubernamental a la militarización de la seguridad pública. 

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Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea