Hace unos días se conmemoró el 4.20, una fecha en que usuarios de cannabis se reúnen en diversas partes del mundo a consumir públicamente como acto de protesta al régimen prohibicionista. El 4.20 tiene ya menos sentido en Estados Unidos, donde inició el movimiento, pues la mayoría de los estados de nuestro vecino del norte han regulado de una forma u otra la cannabis. Sin embargo, en México -como en otros países de América Latina-, la prohibición sigue en pie y las personas que consumen cannabis siguen siendo perseguidas y encarceladas cotidianamente. Esto, a pesar de que la Corte Suprema haya declarado inconstitucional la prohibición absoluta de la cannabis e invalidara los artículos que prohíben la autorización de actividades relacionadas con el consumo de cannabis (como el cultivo, portación o transporte). Es decir, el camino está abierto para regular el mercado de marihuana en México, se ha declarado el actual sistema violatorio de derechos pero aun así, la prohibición sigue plenamente vigente. ¿Por qué?
Por un lado, no se cuenta con el respaldo del presidente López Obrador. A pesar de estar incluido en el plan nacional de desarrollo un cambio en el paradigma prohibicionista, la política de drogas de la actual administración ha sido conservadora, estigmatizante, basada en la criminalización y, sobre todo, redobladamente militarista. Hace apenas unas semanas, López Obrador volvió a presumir los logros de la prohibición y sostuvo que “no hay consenso” sobre un nuevo paradigma. No solo eso, en el mismo acto, se presentó el General Secretario de la Defensa Nacional como “el” experto en salud, para hablar sobre peligrosidad de sustancias y sus efectos en los usuarios. Por supuesto, al presidente le viene guango lo que la Corte haya dicho sobre la inconstitucionalidad de las actuales leyes y, los legisladores de Morena carecen de independencia para presentar una propuesta sin la anuencia plena del ejecutivo.
Por otro, la prohibición, específicamente el delito de posesión simple, tienen un uso específico para las fiscalías y policías de nuestro país. A diferencia de otros delitos, este no requiere de otra prueba ni de demostrar intención de daño. La posesión de la sustancia (normalmente cannabis o metanfetaminas) es prueba suficiente. En un país en el que las fiscalías, rara vez logran sostener una acusación en juicio, el delito de posesión simple les permite detener y encarcelar a personas sin necesidad de hacer trabajo alguno de investigación.
Hace unos días, por ejemplo, supimos de la detención de un grupo de mujeres que tenían tomado un edificio de la CNDH en el centro de la CDMX. Estas habían sido grabadas días antes vandalizando un carro y amenazando a la mujer que lo conducía. Pero a pesar del video, de estar ilegalmente ocupando un inmueble federal y del enorme operativo desplegado, fueron detenidas por delitos contra la salud, según algunos medios, por posesión simple de marihuana. En investigaciones realizadas desde el Programa de Política de Drogas del CIDE, hemos documentado cómo este delito se usa principalmente para suplir las deficiencias de las autoridades ministeriales y para supuestamente prevenir delitos patrimoniales.
El caso de Debanhi Escobar nuevamente puso en evidencia la crisis actual de las agencias de procuración de justicia y seguridad en nuestro país. Frente a este crisis, las actuales leyes de drogas no hacen más que fomentar que persistan las malas prácticas, las deficiencias e incompetencias. Regular las drogas y alejarnos del modelo prohibicionista es una parte fundamental para lograr un sistema que imparta justicia en lugar de impunidad. El cambio no vendrá pronto del gobierno federal, pero algunos avances se han hecho desde los gobiernos municipales. El pasado 4.20, por ejemplo, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez hizo un llamado a la policía municipal para que no detengan a consumidores de cannabis. Se trata de un primer paso que otros municipios podrían seguir para empujar un sistema federal de regulación. Mientras esto sucede, tendremos un sistema en el que policías y ministerios siguen deteniendo y procesando a usuarios de cannabis en lugar de investigar feminicidios y desapariciones.
@cataperezcorrea
