Hoy, martes, inicia el proceso de aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional presentada por López Obrador a inicios del año. Este artículo protege la presunción de inocencia: garantiza la libertad personal frente a los abusos de las autoridades y asegura que el encarcelamiento solo sea usado en casos debidamente justificados. Ahí se establece —como principio— el derecho a llevar un juicio penal en libertad hasta no ser declarado(a) culpable, salvo que existan circunstancias —específicas al caso— que ameriten que una persona acusada quede detenida mientras se resuelve su juicio (por ejemplo, por protección a la víctima o a testigos, pero la autoridad debe demostrar esto). En 2008 se reformó este artículo para permitir el encarcelamiento en casos de delincuencia organizada, homicidios y secuestro, de oficio, sin revisar las particularidades del caso. Es decir, las personas acusadas de esos delitos debían —deben— ser privadas de la libertad, sin juicio previo y sin que alguien verifique si el caso particular lo amerita. En 2019, ya con López Obrador en la Presidencia y una mayoría morenista en el Congreso, volvió a reformarse para alargar la lista de delitos en los que no hay revisión del caso, simplemente encarcelamiento. Ahora, nuevamente se busca modificar la Constitución para agregar más delitos, incluida la defraudación fiscal, un delito usado para perseguir opositores políticos.
En 2022, la SCJN declaró inconstitucional el uso de la prisión preventiva obligatoria para este tipo de delitos. Es relevante señalar que nunca prohibió el uso de la prisión preventiva. Esto es, siempre fue posible mantener en la cárcel a alguien durante el juicio, pero justificando en el caso particular que la medida era necesaria. La Corte declaró inconstitucional la prisión preventiva de oficio, la que es sin justificación y sin pruebas. Ese mismo año, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU exhortó a México a anular la prisión preventiva obligatoria por poner en riesgo diversos derechos fundamentales. Y en 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó a México eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa por violar la libertad personal luego de revisar los casos de dos personas que permanecieron 17 años en prisión sin tener sentencia.
Las decisiones de la Corte en la materia han provocado feroces críticas por parte del Presidente, quien incluso afirmó que de fallar en contra de la figura, la Corte se transformaría en el “supremo poder conservador”. La secretaria de Gobernación además mintió sosteniendo que, de eliminarse la figura, quedarían automáticamente liberados 68mil “presuntos delincuentes”. ¿Por qué le importa al gobierno la prisión preventiva de oficio? Las fiscalías suelen ser muy malas en hacer su trabajo, que consiste, entre otras cosas, en probar hechos ante los jueces. La prisión preventiva les permite no hacer su trabajo, aunque terminen personas inocentes en la cárcel. Según el INEGI, en 2022, 39% de las personas encarceladas en México no tenían sentencia (para las mujeres, este porcentaje fue de 50%). ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué pruebas existen en su contra? No sabemos. Hace unos años escribí sobre Viridiana Molina, acusada de delincuencia organizada (y otros delitos) y encarcelada por casi 5 años “preventivamente”. Sus hijos pasaron esos años —crecieron— sin ella, hasta que fue absuelta y liberada. Miles de personas son encarceladas anualmente sin sentencia, ¿cuántos, como ella, terminan absueltos por falta de pruebas? ¿A cuántos les quita el estado injustamente 2, 5 o 17 años de libertad?
La prisión sin sentencia no mejora la calidad de la investigación ni trae justicia. Al contrario, permite a las policías, fiscalías (y ahora militares) usar la rama más violenta del Estado con menos controles y mayor discrecionalidad. Tampoco previene delitos, si fuera así en 2008 habríamos visto una baja en los índices de homicidios o el secuestro; a partir de 2019 habríamos visto una reducción en los delitos de armas, huachicoleo o corrupción. Nada de eso pasó. Pero además de ser una medida injusta y sin efectividad, hace uso de una herramienta que contribuye a la pobreza y desigualdad social. Múltiples estudios muestran cómo el encarcelamiento empobrece —aún más— a las poblaciones más marginadas y afecta especialmente a jóvenes y a mujeres —justo los sectores que tantas veces el presidente prometió respaldar.
A nuestros legisladores no les parecen interesar argumentos o datos. Es probable que se apruebe en la Comisión la reforma para encarcelar a más personas sin mediar jueces y sin demostrar culpabilidad. El jueves está agendada la reforma para transferir a Sedena el control de la Guardia Nacional (serán los militares quienes, de manera permanente, investiguen delitos). La semana siguiente (22 de agosto), está agendada la desaparición del (los) poder(es) judicial(es). Más encarcelamiento, profundizar la militarización y control del poder judicial, esa es la agenda de “izquierda y justicia social” con la que AMLO cierra su gobierno.
Doctora en derecho. @cataperezcorrea