La Organización de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ” en un esfuerzo por crear conciencia sobre todas las formas de violencia que son perpetradas sistemáticamente en contra de las mujeres de todo el mundo. Asimismo, es la fecha que da inicio a los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña anual que exige la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Hoy en día, mientras la humanidad enfrenta el fuerte impacto causado por la pandemia de COVID-19, los reportes muestran un incremento alarmante en la ya existente pandemia de violencia contra las mujeres y reflejan que su eliminación es más importante que nunca. Desde abril de este año, la propia Organización Mundial de la Salud ya informaba de un aumento de hasta el 60% de las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia en varios países. En tanto que la Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones Unidas calculó que en los primeros seis meses de confinamiento se podían producir al menos 31 millones de casos de violencia doméstica alrededor del mundo.
En México, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año se han recibido más de 912 mil llamadas relacionadas con violencia. De esta cifra, cerca de 200 mil corresponden a incidentes de violencia contra la mujer, 181 mil se relacionaron con incidentes de violencia de pareja y más de medio millón fueron llamadas vinculadas con violencia familiar. De manera que, pareciera que el hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres y niñas, y que la cuarentena establecida para la mitigación de la pandemia les orilló a estar en mayor contacto con sus agresores. De tal forma que una medida que inicialmente fue desarrollada para proteger la salud, se tradujo en un peligro potencial para su integridad y propia vida. En el mismo informe sobre violencia contra las mujeres, publicado el 25 de octubre del 2020, se revela que 2,854 mujeres fueron asesinadas durante los primeros nueve meses del año y se detalla que la cifra de víctimas corresponde a 2,150 homicidios dolosos y 704 feminicidios. Este último, es un delito de gran relevancia en el panorama nacional debido a su alta prevalencia, que refleja las deficiencias del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las mujeres.
La violencia contra mujeres y niñas no es un problema nuevo, sino que lleva varios años desarrollándose en nuestro país y la pandemia lo ha vuelto más evidente. En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra mujeres y niñas es definida como “cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Esta descripción reconoce que la causa de la violencia proviene de una discriminación contra las mujeres y niñas que es resultado de su género; al tiempo que distingue diversos tipos y modalidades en que se puede ejercer, develando la complejidad de un problema que se puede suscitar en diferentes espacios y formas.
Son numerosos los factores que pueden conducir a la violencia. En el contexto de la pandemia por COVID-19, las medidas que tienen por objetivo frenar la propagación del virus como el aislamiento y el distanciamiento social han contribuido a exacerbar escenarios y condiciones estresantes como la pérdida de seres queridos, ingresos o empleo, o bien, el temor a perderlos. Estas características pueden avivar la tensión y en combinación con otros factores de riesgo como el uso de drogas, favorecen la ocurrencia de actos violentos a los que las mujeres y niñas son especialmente vulnerables. A este respecto, el consumo de alcohol es uno de los principales factores relacionados con violencia y la relación entre ambos fenómenos es ampliamente conocida. La evidencia señala que el consumo de bebidas alcohólicas aumenta la frecuencia y gravedad de los actos de violencia doméstica. En el caso de la violencia infligida por la pareja, las consecuencias son de gran alcance. Las agresiones físicas pueden comprometer la vida de las víctimas y en algunos casos provocar complicaciones del embarazo o abortos. Por su parte, los problemas emocionales pueden conducir a depresión, ideas de muerte e incluso al suicidio. A su vez, ser víctima de violencia predispone al consumo de alcohol y otras drogas en un intento por aliviar el sufrimiento, lo que trae consigo otros efectos negativos para su bienestar físico, emocional y social.
En los últimos meses hemos sido testigos de la respuesta global contra la COVID-19, con grandes esfuerzos multisectoriales, inversiones sin precedentes y protocolos respaldados por la determinación de los gobiernos del mundo. De manera que nunca ha habido un momento más importante para combinar los recursos, sumar esfuerzos y dirigir nuestro compromiso para poner fin a esta otra pandemia. Como se escucha de manera cada vez más frecuente, vivimos una nueva normalidad y con ello tenemos la posibilidad de construir un futuro diferente, una sociedad sin violencia contra las mujeres y las niñas.
Si usted o alguien que conoce sufre violencia, puede buscar ayuda en el 911 o la línea de la vida (teléfono: 800 911 2000) donde le pueden ofrecer atención en temas de abuso de sustancias, violencia, suicidio, ansiedad y depresión. Por su parte, Centros de Integración Juvenil (CIJ) ha desplegado una serie de servicios de atención psicológica en todo el país, que son atendidos por especialistas altamente capacitados. Le invitamos a consultar su Unidad más cercana en www.gob.mx/salud/cij y ponemos a su disposición el número de orientación psicológica 55 52 12 12 12 y WhatsApp 55 45 55 12 12.
