Solo entre 2018 y 2019, las víctimas por el delito de extorsión (en todas sus modalidades) aumentaron un 65% en la ciudad de México (Sesnsp). Pero no sólo sigue creciendo año tras año este delito. El mayor problema, de hecho, es que la extorsión en la modalidad de cobro de piso está evolucionando de ser un delito casual y parasítico, a otro organizado, muy violento y seriamente predatorio de la economía de la ciudad. La dificultad estriba en que viene cimentándose en la ciudad una economía criminal que no podrá ser resuelto en una sola administración. Pero hay que comenzar hoy.

El cobro de piso es el delito de firma del crimen organizado. Se denuncia muy poco (menos del 2% según Inegi) y la tasa de éxito es elevada (10% de empresas en CDMX han sido víctimas según Canaco). El cobro de piso ya lleva años en la ciudad. Es un problema endémico. Y usted bien sabe que las cosas no pasan porque sí. En este caso, la causa es una sola: la pérdida de control territorial frente al crimen organizado. Algo que enseña el caso de México al resto del mundo, es que cuando el Estado pierde el control del territorio, éste es tomado por el crimen organizado. Porque algo que distingue al crimen organizado mexicano del crimen organizado en otras regiones del mundo, es precisamente el control del territorio. Los cárteles, para tener éxito, necesitan controlar el territorio. No así la mafia rusa ni los Yakuza japoneses. Porque si hay un delito en que éstos últimos sobresalen, es precisamente en la extorsión. Pero ellos lo operan sectorialmente. Controlan industrias y mantienen fuertes conexiones políticas. Pero no controlan territorios ni matan candidatos. La diferencia entre controlar industrias y controlar territorios, es que en el primer caso las víctimas son empresarios y trabajadores de esas industrias, mientras que el segundo, las víctimas son todos los que habitan en el territorio.

Fuera del territorio del grupo extorsionador, sólo suceden los delitos de oportunidad. Y sí pueden ser muchos. Pero no son delitos de autoría única. Fuera de los territorios del crimen organizado no hay una estructura criminal predatoria. El cobro de piso sólo puede tener éxito cuando se controla el territorio.

Otra muestra de lo fuertemente establecido que está el cobro de piso en la ciudad es que estos grupos también vienen incrementando su capacidad de amenaza cumplida. Los asesinatos de líderes de comerciantes, las golpizas a vendedores ambulantes y los incendios de establecimientos, dejan claro que resistirse a pagar sale muy caro. Claro que por ahí también andan los lobos solitarios; aquellos que extorsionan haciéndose pasar por miembros de una banda organizada. Pero son los menos y muchos terminan siendo eliminados (por decirlo de alguna manera) por los grupos organizados.

Una dificultad central en la solución de este problema, y motivo por el que digo que tomará varias administraciones estratégicamente alineadas resolverlo, es que la pérdida del control del territorio por parte del Estado no se manifiesta (solamente) por su ausencia en las calles, sino por su incapacidad de controlar a los capos desde las cárceles. Las detenciones y sentencias condenatorias de nada sirven si los capos siguen operando desde la cárcel. Lo que demuestra que la cárcel tampoco es territorio del Estado. Claro que ese territorio se perdió hace tiempo. Pero la lección de hoy es que, si se pierden las cárceles, también se pierden las calles. La estrategia para recobrar el control no puede mantener separados ambos espacios.

La solución al problema está en lo que le dio origen: recobrar el control del territorio en las cárceles y en las calles. Porque igual que no hay polis sin policía, tampoco hay seguridad pública sin cárceles operativas. Fue el vacío de autoridad lo que provocó este descontrol territorial. Cierto es que la falta de oportunidades y marginación (de todos los tipos) son correlativos del problema. Pero la causa del florecimiento del cobro de piso en esta ciudad es un problema político-policial. La falta de control territorial es un problema político-policial. Y este delito en lo particular, se empieza a resolver desde ese ámbito.

Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI-3)

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