La organización civil México Evalúa publicó recientemente el reporte “(In)seguridad pública en México, 2018-2024. Un balance de la gestión”, un análisis de las estrategias de seguridad implementadas durante el sexenio Obradorista. Tras leer los siete capítulos del informe, es evidente la continuidad de políticas fallidas y una consolidación preocupante de la militarización. Los siguientes son los puntos clave del documento.
Tres sexenios fallidos
Desde que Felipe Calderón desplegó al Ejército para combatir al crimen organizado en 2006, México quedó atrapado en una espiral de violencia que sus sucesores no solo han sido incapaces de revertir, sino que han agravado. AMLO asumió la presidencia en 2018 prometiendo pacificar al país. Sin embargo, los resultados revelan que no solo no cumplió, sino que profundizó estrategias fallidas, mientras que el crimen organizado se expandió y fortaleció.
Militarización perpetuada y su impacto
La creación de la Guardia Nacional (GN) no solo institucionalizó la participación de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública, sino que, al final del sexenio, quedó bajo el control directo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta decisión profundizó una estrategia ya demostrada como ineficaz, pues ni los homicidios dolosos ni otros indicadores de violencia presentaron reducciones significativas. Por el contrario, la militarización desplazó recursos que podrían haberse destinado al fortalecimiento de las policías locales y estatales.
Aunque se argumentó que la GN era necesaria debido a la falta de cuerpos policiales capacitados, esta estrategia perpetuó la presencia militar en las calles, socavando el principio democrático de separación entre las instituciones civiles y militares.
Promesas incumplidas
La narrativa se centró en atacar las causas de la violencia mediante programas sociales y la tristemente célebre política de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, en la práctica, estas iniciativas carecieron de diagnósticos claros y fundamentos técnicos. Los programas sociales fueron implementados sin criterios específicos para atender a las poblaciones más vulnerables a la violencia, no existen indicadores claros y sus resultados en términos de reducción delictiva fueron prácticamente inexistentes.
Además, la estrategia de evitar enfrentamientos directos con los grandes capos criminales derivó en una postura profundamente ambigua hacia el crimen organizado. A pesar de la narrativa pacifista, el sexenio cerró con homicidios y desapariciones en niveles récord.
Un Consejo Nacional de Seguridad Pública irrelevante
Este órgano fue menos productivo que en el pasado, dedicándose principalmente a temas administrativos y dejando de lado acuerdos significativos para combatir la delincuencia o fortalecer a las instituciones de Seguridad Pública. Esta ineficacia reflejó la prioridad de las decisiones centralizadas y la militarización como única respuesta.
Continuidad de un modelo fallido
El gobierno replicó estrategias de seguridad previamente demostradas como ineficaces. Se replicó el modelo de despliegues territoriales y operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas, pero sin lograr avances tangibles en la reducción de la violencia. Más preocupante aún, la militarización fue institucionalizada como política de Estado, sentando las bases para un militarismo prolongado en el país.
Reflexiones finales
En materia de seguridad, el sexenio Obradorista dejó un legado preocupante: un país más violento y con instituciones civiles debilitadas.
La militarización, lejos de ser una solución, se consolidó como un problema estructural que limita las capacidades del Estado y genera mayores riesgos para la ciudadanía.
Es necesario abandonar este modelo y rediseñar la estrategia de seguridad desde la evidencia, fortaleciendo a las policías locales y las actividades de inteligencia, priorizando el acceso a la justicia y atacando la brutal corrupción que favorece y protege a las organizaciones criminales.
Sin lugar a duda, la presente administración enfrentará retos monumentales.
POSTDATA – Tres meses de terror en Sinaloa y Culiacán. 555 asesinatos, 695 personas desaparecidas, 1,482 vehículos robados, pérdidas económicas por 18mil millones de pesos y 25,000 empleos. Retos monumentales dije yo.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
