Dentro de la complicada y laberíntica metodología del proceso de gestión de crisis por secuestro (popularmente conocida como negociación de secuestros), existe un protocolo insalvable que debe ser llevado a cabo (como mínimo) al principio y al final de las comunicaciones entre el grupo agresor y la familia, las cuales tienen como meta acordar la cantidad de dinero necesaria para lograr la liberación de quien ha sido capturado(a). Este protocolo a nivel mundial es conocido como “prueba de vida”.
Es deber del criminal el comprobarle a la familia (o a la empresa, dependiendo del país en dónde ocurra el caso) que sí tiene la posesión de la persona que presume tener en cautiverio. Lo que significaría que, en las etapas de captura y traslado del rehén hacia la casa de seguridad, la víctima tuvo la fortuna de sobrevivir la violencia ejercida por el grupo secuestrador en esas primeras fases que resultan de sumo peligro para ambas partes, pero principalmente, para quien ha sido retenido(a) en contra de su voluntad.
Si el secuestrador no puede constatar su dicho, si no tiene manera de comprobar la posesión y bienestar de la persona secuestrada, los cánones que guían estos procesos indican que no será posible avanzar en una negociación para lograr un acuerdo del monto del rescate. Si no hay prueba de vida, simple y sencillamente, no se hará ningún pago, inclusive, en caso de llegar a un acuerdo.
Este punto es de tal importancia, que, en ocasiones en el pasado, han existido secuestradores que han tratado de hacer pasar cadáveres por personas con vida. El infame Daniel Arizmendi “el mocha orejas”, llegó al grado de desenterrar y maquillar el cuerpo de una de sus víctimas con la intención de engañar a la familia enviando una fotografía tratando de hacer ver con vida a quien ya había dado muerte.
De este tamaño es el valor de este aparentemente sencillo e inocuo protocolo, y los secuestradores lo saben tan bien, que la mayoría de las veces suelen ofrecer a la familia la opción de que les formulen una pregunta que solo la víctima les pueda contestar o de plano, la ponen al teléfono para que hable con sus familiares, dando así una relativa y momentánea tranquilidad que permita progresar con la negociación.
Cuando un secuestrador no puede dar fe de su dicho, cuando se niega categóricamente a contestar una sencilla pregunta que permita avanzar en el proceso, todo mundo se pone a temblar. ¿Por qué este criminal no brindaría la respuesta a una simple pregunta? La respuesta implícita es terrible, porque no puede, ya sea que no tiene a la víctima o que esta, ya no está con vida.
Toda esta introducción es para poder hacer una analogía con el caso del escándalo de la casa en Houston del hijo del presidente López Obrador. Llevamos más de tres semanas escuchando historias de ida y vuelta, a favor y en contra, sin importar si la evidencia presentada (o no) es lo suficientemente creíble para defender el dicho de quien lo profiere.
Yo me he preguntado desde el principio de este caso, ¿Por qué no exhibir el contrato de renta, al igual que los recibos de pago llevados a cabo? De verdad, este caso hubiera sido tan sencillo de extinguir si se hubiera presentado la evidencia apropiada en tiempo y forma, ¿o no?
Cuando un secuestrador no puede brindar una prueba de vida, muy probablemente es porque no hay manera de conseguirla.
Si en este caso tan sonado, que no deja de evolucionar, diversificarse y multiplicarse, no se ha presentado un sencillo contrato y la evidencia de los pagos correspondientes, ¿será simplemente porque nunca existieron, ergo, no hay manera de conseguirlos?
Que cada uno saque sus propias conclusiones.
POSTDATA
– Finalmente los dichos de Roberto Palazuelos, precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, le costaron la oportunidad de competir en la elección por el puesto. Espero de verdad que esta sea una lección para todos los partidos que buscan personajes que atraigan votos por su popularidad y no por sus capacidades.
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