El pasado jueves 24 de noviembre fue asesinado a balazos Crispín Hernández Vásquez, presidente municipal electo de San Pedro Mixtepec, comunidad perteneciente al distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. Se dirigía a la escuela en donde trabajaba como conserje cuando hombres armados le dispararon. Crispín asumiría funciones dentro de pocos días.
Una nota como esta debería llamar fuertemente la atención pública, al igual que la del Gobierno estatal de Oaxaca e inclusive, del Gobierno federal. Sin embargo, ya estamos acostumbrados (tristemente) a este tipo de eventos.
Acorde al conteo de la consultora Etellekt, con este homicidio ya suman 61 asesinatos de ediles en el presente sexenio, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 19 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos. Cincuenta y dos eran hombres mientras que nueve eran mujeres. La incidencia homicida es 27% superior a la registrada en el sexenio de Felipe Calderón y los ataques han abarcado distintas entidades en nuestro país.
Oaxaca es el estado con mayor letalidad con un total de 13 víctimas, seguido de Michoacán con siete, Estado de México con siete también, Veracruz con seis, Guerrero con cinco, Sonora con tres, Guanajuato con tres, Chihuahua con tres, Chiapas con dos y con una víctima los estados de Baja California, Coahuila, Hidalgo y Tamaulipas.
Ya sea por cuestiones de narcotráfico, crimen organizado o revancha política, muchos cargos políticos en México se siguen disputando a balazos como en los tiempos de la Revolución.
Los ataques perpetrados por los delincuentes contra funcionarios públicos son exhibiciones de dominio y mensajes codificados que expresan a los sucesores de las víctimas quién es el poder fáctico que controla el pueblo o la ciudad y que espera no ver comprometidos sus intereses.
Recordemos que los municipios, como unidades de la organización comunitaria, son pequeñas piezas que conforman un enorme rompecabezas en donde reside la soberanía nacional, esto es algo que se indica en nuestra Constitución Política (artículo 39). La acción del crimen organizado, al asesinar a los políticos de estas esferas, vulnera la soberanía nacional y vulnera también las bases del orden democrático.
Vale la pena mencionar que muchos de estos homicidios están relacionados con cuestiones de narcotráfico y crimen organizado. Sin embargo, también hay causalidad en las prácticas de usos y costumbres (especialmente en el sur del país), en los que los desacuerdos políticos entre miembros de comunidades que bajo este régimen pueden llevar a actos de violencia.
Es claro que los agresores emplean un análisis de elección racional para distinguir los beneficios esperados de matar y los costos marginales de asesinar a un político.
Ahora, cuidar de manera personal a todos y cada uno de los síndicos, regidores, alcaldes y presidentes municipales resulta una tarea imposible de cumplir, entonces la pregunta obligada es ¿y qué se puede hacer?
Una mayor descentralización a través de la división de poderes y el federalismo y un fortalecimiento de la sociedad civil reducirían el incentivo para asesinar a nivel municipal, pero estas propuestas encuentran una fuerte oposición por parte de grupos arraigados en la búsqueda de rentas.
Todo indica que seguiremos observando como la cuenta de homicidios políticos crece, mientras los gobiernos estatales y federal están volcados en la sucesión presidencial del 2024.
POSTDATA – Mientras escribo esta columna, veo las imágenes de la marcha organizada por López Obrador. Ahora, siendo que en el pasado he llevado a cabo actividades de protección ejecutiva en cientos de ocasiones, especialmente con figuras del mundo del espectáculo, se me eriza la piel al ver la falta de protección al presidente durante su caminata, están totalmente rebasados aquellos que lo cuidan. Lo veo inmerso en una multitud de personas sin un dispositivo adecuado que garantice su protección y salvaguarda, una irresponsabilidad absoluta.
*Consultor en seguridad y manejo de crisis
Twitter: @CarlosSeoaneN