Fue el exoficial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, quien compartió el pasado sábado en Twitter (ahora X) la primera imagen del hijo del Chapo dentro del avión que lo transportó a Chicago en dónde será juzgado por narcotráfico y lavado de dinero. Se le observa en el retrato con unos lentes transparentes, cabello corto, rasurado, sus manos esposadas a una cadena que rodea su cintura y con el uniforme beige de la prisión del Altiplano.
“Ovidio Guzmán, bienvenido a América y disfruta del reencuentro familiar con tu padre El Chapo en una prisión de máxima seguridad federal”. Este fue el texto que acompañó a la fotografía del chapito, mismo que enfrentará todo el peso de la ley por parte de nuestros vecinos del norte ante la aseveración del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de que más de 110,000 ciudadanos norteamericanos han muerto por efectos de sobredosis de fentanilo, supuestamente manufacturado mayoritariamente en nuestro país por el Cártel de Sinaloa, en un período de 12 meses.
Ovidio fue detenido en enero del presente año y su extradición tardó cuatro meses menos que la de su padre. El presidente Joe Biden podrá colgarse la medalla política y argumentar en contra de sus adversarios republicanos que no es débil a la hora de actuar en contra de los cárteles mexicanos. Mientras que los señalamientos por parte de la oposición hacia López Obrador de favorecer al Cártel de Sinaloa se despresurizan ante la extradición del narcotraficante.
Ahora, todo lo que lean en estos días en redes sociales y medios de comunicación serán solo fuegos artificiales, lo interesante será dentro de unos meses (o tal vez años) cuando inicié el juicio. Y muy independientemente del mensaje que las autoridades norteamericanas quieran transmitir con la captura, juicio y sentencia de uno de los fugitivos más buscados por la DEA, seguramente estará abierta la ventana a esa figura jurídica conocida como “acuerdo de declaración de culpabilidad” (plea bargain, en inglés).
Estos acuerdos se llevan a cabo entre los acusados y los fiscales. Los acusados se declaran culpables de algunos o todos los cargos en su contra a cambio de concesiones por parte de la Fiscalía. Mediante estos convenios se puede reducir el número de cargos y la gravedad de estos, ergo, reducir la pena del acusado u obtener concesiones que serían imposibles en circunstancias ordinarias. También se le puede exigir al acusado el testificar en nombre del Estado en contra otros acusados. Y he aquí el quid de esta columna.
Ovidio es un hombre muy joven, tiene 33 años y enfrenta una (muy probable) condena de cadena perpetua en condiciones extremas de máxima seguridad al igual que su padre. Amable lector, ¿se imagina usted lo que este sujeto sabe acerca de nuestras autoridades, sumado a lo que inventará para tratar de pasar lo mejor posible el resto de su vida preso en los Estados Unidos? Al final del día es su palabra la que contaría, la evidencia pasa a un plano secundario, tal y como lo vimos en el caso en contra de Genaro García Luna.
Acorde a la periodista Peniley Ramírez, el expediente de Ovidio acumula información que data de 2014, fecha en la que los chapitos comenzaron a fabricar pastillas de fentanilo en Culiacán en un laboratorio improvisado. Ahí lo procesaban para transportarlo a Tijuana y cruzarlo por la frontera. A partir de entonces, el negocio se expandió y el Cártel de Sinaloa comerció en China con fabricantes de fentanilo y posteriormente de precursores químicos. En 2019, supuestamente las conexiones de los chapitos en la aduana mexicana permitían el ingreso de los químicos a su llegada a la Ciudad de México. En 2020 ya se fabricaban millones de pastillas anualmente en Sinaloa.
No veo cómo sea posible que una operación de estas dimensiones sea llevada a cabo sin la cooperación de distintos órdenes de gobierno, mismos que Ovidio debe conocer a la perfección y de memoria.
Veamos si en un futuro no tan lejano, los Estados Unidos le dan la bienvenida a otros personajes que no solo sean el resto de los chapitos.
POSTDATA.– Estados Unidos achaca enteramente a los narcotraficantes el grave problema de las muertes por sobredosis de fentanilo. Bajo esta premisa, los decesos seguirán ocurriendo sin que, aparentemente, las autoridades norteamericanas tengan responsabilidad alguna en esta tragedia.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
