Debemos celebrar la captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro. Ver sus videos presumiendo con arrogancia e impunidad sus actos violentos era nauseabundo. Deseo que corra un juicio expedito e impoluto que lo arroje a una celda de una prisión de máxima seguridad el resto de sus días, que su alias se una a la larga lista de capos caídos en desgracia, y, por último, que su familia también corra los procesos judiciales que adeuda.
En una película de Hollywood, el fin de la historia sería que el malo fuese arrestado por los buenos, su grupo criminal claramente quedara desmantelado ya sin su líder y los ciudadanos pudieran retomar su vida de forma pacífica. Pero en nuestro país, al igual que en otros, es sólo una utopía cinematográfica.
Con información de Lantia Consultores, se puede apreciar que en la mayoría de los casos, desde enero del 2008 a fechas recientes, los homicidios dolosos se incrementan posterior al arresto o muerte de jefes criminales en las ciudades en donde tenían mayor presencia física y con protección (comprada o coaccionada) de la autoridad local.
Caen capos de familias de “abolengo” en el narco, como los Beltrán Leyva y los Arellano Félix, pasando por jefes de plaza de cárteles como los de Sinaloa, Milenio, Golfo, Zetas y la Familia Michoacana, con personajes como Nacho Coronel, la Barbie, el Indio, el Grande, el Tigre o el Amarillo, pero sus estructuras permanecen íntegras.
Ya sea que otros cárteles quieran adueñarse de una plaza o que la organización criminal sufra una escisión en busca de nuevos liderazgos, este fenómeno lleva más de una década en todo el territorio nacional. Ojalá esta sea la excepción, pero lo dudo después de leer que este grupo obtenía ganancias de decenas de millones de pesos por semana.
Más allá de la pelea en las trincheras entre los buenos y los malos, deberíamos preguntarnos cómo es posible que un vulgar ladrón junto con su familia más cercana pudo poner de cabeza a un estado próspero como Guanajuato. No puede explicarse sin la participación pagada de personal técnico de PEMEX y de empresarios gasolineros.
Perforar ductos subterráneos y extraer millones de litros de gasolina, transportarlos, almacenarlos para después venderlos a precios preferenciales, es una misión imposible sin el conocimiento técnico ni la infraestructura (léase pipas y gasolinerías) adecuada. Impensable que con tambos ofertando litros de a nueve pesos a pie de carretera se pudiera amasar una fortuna.
Nos quejamos amargamente de que exista escoria como El Marro y su familia. Pero no surgieron por generación espontánea. Crecieron con la activa complicidad de una amplia red clientelar dispuesta a alimentar a una bestia hambrienta (que se salió de control) a cambio de incrementar exponencialmente sus ganancias.
El caso de Emilio Lozoya ocupa muchos espacios en medios por el desafortunado uso electoral que implica. Es triste que se pierda una oportunidad de oro para dar una lección anticorrupción a la clase política.
Aparentemente el caso de El Marro no pretende ganancia electoral alguna y toda la información está a la mano: su operación era local, su familia movía el dinero, sus subalternos viven en los alrededores. Y lo más importante, aquellos proveedores de tecnología para picar ductos y sus socios comerciales que prestaban sus pipas y sus negocios para resguardar la gasolina robada seguramente están dentro del territorio de Guanajuato y cercanos al corredor carretero entre Celaya y Salamanca.
Esta no es una sofisticada organización criminal con presencia nacional, cuentas offshore o socios en otros países. Es un rústico grupo de violentos delincuentes que se rebasó a sí mismo y al igual que muchos otros en el pasado se creyó invencible. Es hora de dar una lección ejemplar a toda la cadena de suministro y distribución del Marro con la ya conocida y trillada frase “caiga quien caiga y hasta donde tope”. Tienen todo para hacerlo.
Ojalá que las autoridades no utilicen el caso con fines electorales, que no irrumpan otra vez la impunidad y los cálculos políticos.
Twitter: @CarlosSeoaneN
