“Entre 2006 y 2016 fueron descubiertos casi dos mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron a sus víctimas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada siete municipios. En esta investigación documentamos más fosas clandestinas que las que el gobierno reconoce: ha sido localizada, en promedio, una fosa nueva cada dos días.”
Este párrafo es la presentación de un artículo que describe los resultados de la investigación publicada en noviembre de 2018 por la organización Quinto Elemento Lab. El texto resulta escalofriante y uno pensaría que hechos como los que describen solo podrían ocurrir en alguna primitiva dictadura del África subsahariana y no en el país que representa la quinceava economía más grande del mundo.
A las grandes (y no tan grandes) organizaciones criminales ya no les basta con matar a sus víctimas y/o rivales, ahora invierten recursos considerables en ocultar o desaparecer los cuerpos. Bien saben que, si no hay un cadáver, no habrá una carpeta de investigación por homicidio.
En la década mencionada, las fiscalías recuperaron de estas fosas clandestinas miles de cuerpos, cráneos, osamentas, restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos. El mapa que presentan indica que los municipios con mayores hallazgos fueron Veracruz, Acapulco, San Fernando, Ahome y Ciudad Juárez.
Esta cifra de casi 2,000 fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados (faltaron ocho) a las solicitudes de acceso a información pública que 5° Elemento llevó a cabo.https://quintoelab.org/project/el-pais-de-las-2-mil-fosas
El espacio de esta columna resulta insuficiente (y por mucho) para describir los horrores descritos en esta investigación. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que el dar algún tipo de orden y transparencia al tema de las fosas clandestinas distó de ser una prioridad para los distintos órdenes del gobierno federal en turno, al igual que de los gobiernos estatales en la década mencionada. Y eso que no se incluyeron datos de los dos últimos años del sexenio del expresidente Peña Nieto en los cuales la violencia escaló a niveles récord.
Ha sido tal el desastre con el tema de la desaparición de personas, así como con la identificación de cuerpos localizados en sepulturas ilegales en diversas entidades del país, que la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2017 la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas.
Acorde al Registro de Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO) sumando los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se totaliza la cifra de 94,000 seres humanos de los que no se ha vuelto a saber nada de ellos. De estos, el 44% corresponde a la presente administración. ¿Cuántos de estos yacerán bajo tierra en algún paramo desierto?https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
Se estruja el corazón al saber que existen páginas oficiales que detallan mapas con la geografía de hallazgos de fosas clandestinas en nuestro país. Aunque no es ningún consuelo, pero prefiero que quien lo necesite tenga acceso a esta información a diferencia del pasado en dónde nadie sabía nada y en dónde muchas procuradurías de justicia estatales enterraron en fosas comunes los cadáveres sin registro alguno. https://hallazgosfosasclandestinas.segob.gob.mx/ https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/fosas-clandestinas-actual/
Para terminar, los efectos de esta brutal violencia no solo la padecen aquellos que perdieron la vida, sus familiares (víctimas en 2° grado) padecen al no localizar a su ser querido o localizarlo en uno de estos entierros ilegales. Agreguemos las fuertes repercusiones sociales para los pobladores de las localidades donde se descubren las fosas y los posibles desplazamientos forzados derivados de la violencia en este México, país de las fosas clandestinas.
POSTDATA – Un día después de la reunión binacional de seguridad, en la que México y Estados Unidos pactaron acciones coordinadas contra el fentanilo, el Gobierno de Joe Biden responsabilizó a los hijos de "El Chapo" Guzmán de la fabricación masiva de fentanilo en nuestro país. Pidió la extradición de Ovidio Guzmán (ya detenido) y fincó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas contra Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Después de este anuncio, me queda claro que “Los Chapitos” vivirán hasta su arresto o muerte resguardados y a salto de mata, la memoria de nuestro vecino del norte con estos temas es implacable y si no me creen, pregúntenle a Caro Quintero.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
