En días recientes se dio a conocer el caso de Angélica, una niña indígena de Guerrero de 15 años, quien fue arrestada luego de huir de las agresiones de su suegro (quien aseguraba ser su dueño) al intentar violarla. El caso se viralizó y a su vez volvió a sacar a flote el macabro tema de la compraventa de niñas en nuestro país.

Angélica fue víctima de un matrimonio forzado a los 11 años, motivo por el que su padre la vendió en 120 mil pesos. Los compradores, padres del novio, que en ese entonces tenía 12 años, la mantuvieron trabajando como jornalera mientras ellos cobraban su salario. Esta práctica, que a muchos nos puede parecer de horror, no lo es para las comunidades que la llevan a cabo amparados en lo que se conoce como “usos y costumbres”.

Los usos y costumbres son una práctica antigua, desde el pueblo de Roma cuando este fue imperio, hasta nuestra época actual. Durante los primeros siglos de la historia, la costumbre fue la más importante fuente de Derecho. La sólida estructura de la familia, el respeto a unas creencias y tradiciones ancestrales permitieron que, durante mucho tiempo, el poder público se mantuviera al margen de realizar una labor legislativa. Pero los tiempos cambian y evolucionan, y los cambios en la historia provocan que la ley escrita adquiera su supremacía sobre las costumbres (ley no escrita).

La ley no escrita (Ius non scriptum), es aquella que el uso ha hecho válido, porque la costumbre repetida diariamente y aprobada por el consentimiento de los que la siguen equivale a leyes. El derecho no escrito, por consiguiente, funda su autoridad en el consentimiento tácito del pueblo, que es el supuesto legislador.

Sin embargo, el que algo haya sido aceptado y practicado por décadas o inclusive por siglos, no lo hace correcto ni moral. Se deben establecer límites. El saber que en algunos países africanos una mujer puede ser condenada a muerte siendo apedreada por la comunidad ante una acusación de infidelidad, es algo simplemente aberrante e incomprensible en prácticamente todo el planeta, pero no así para los que participan en la lapidación. Así ha sido siempre para ellos, son sus usos y sus costumbres.

Ahora, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en su artículo 5 nos dice que:

“Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano. Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de edad o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios comisivos”.

Disto de ser abogado, pero el que una niña de 11 o 12 años, que no puede comprender porque la sacan de su hogar mientras es intercambiada por dinero en contra de su voluntad, sin la capacidad de evitarlo, para trabajar como jornalera, todo esto amparado por usos y costumbres… ustedes díganme si clasifica o no como trata de personas. Y por cierto, el Código Civil federal prohíbe el matrimonio a menores de edad.

Agrego, en 1989 la ONU aprobó la Convención de derechos del niño, misma que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en decisiones que les afecten. Todo lo descrito en esta columna va exactamente en dirección opuesta.

Para finalizar, acorde al Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, México es uno de los países con la tasa más alta de matrimonio infantil en el mundo. Casi 300,000 niñas y niños se han visto obligados a contraer matrimonio, la mayoría vendidos a una pareja mayor.

Por eso sorprende cuando al presidente se le expuso el caso en su más reciente visita a esa región, su respuesta fue: “No vine a Guerrero a ver la venta de niñas, no es la regla.” O sea, si solo se venden unas cuantas (según él), entonces no hay motivo para actuar o escandalizarse.

Consultor en seguridad y manejo de crisis
Twitter: @CarlosSeoaneN

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