En los últimos cuatro años, el Gobierno federal ha reportado un total de 2,441 fosas clandestinas de las que han sido exhumados 4,261 cuerpos. Acorde a un reciente reporte presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, el 46% de estos cuerpos han sido identificados y, de estos, el 57% entregados a sus familias
Duele el escribir acerca de miles de seres humanos que terminaron su vida en un agujero cavado en algún páramo desolado con el objetivo de desaparecer todo rastro de su existencia. Recordemos que, para las autoridades, si no hay cadáver, no hay homicidio. Esto es algo que los criminales y narcotraficantes entienden a la perfección.
Duele aún más escribir acerca de esas valientes organizaciones ciudadanas conformadas por extraordinarias mujeres (las madres buscadoras) que, frente al terrible escenario de la desaparición de su esposo, hijo o hermano, han convertido su vida en una cruzada para dar con el paradero del ser amado siendo este un objetivo prioritario en su diario acontecer. Si su familiar no está con vida, puede llegar a ser lo de menos, lo que quieren es poder cerrar ese oscuro capítulo y dejar de padecer un duelo fantasma sin un cuerpo que velar o una tumba a la cual poder ir a rezar.
Pero lo que lo verdaderamente destroza el corazón es escribir acerca de las madres buscadoras que han sido asesinadas por criminales malnacidos y cobardes con el objetivo de acallar sus voces. Madres o esposas que llevaban a cabo una actividad emocionalmente desgarradora, buscar restos humanos enterrados clandestinamente en espacios abiertos, sin remuneración económica alguna, ejercida en condiciones meteorológicas extremas, sin equipo especializado y sin protección alguna del gobierno. Llevando a cabo su búsqueda en territorios dominados por el narco ante la indiferencia de las distintas autoridades.
En el presente año han sido asesinadas cinco de estas activistas de personas desaparecidas:
Ana Luisa Garduño (madre de Ana Karen Huicochea) fue ultimada en el municipio de Temixco, Morelos en enero. Ella se había sumado al colectivo de familias de búsqueda de personas desaparecidas con su organización civil “Ana Karen Vive”.
Gladys Aranza Ramos (esposa de Bryan Omar). Este feminicidio aconteció en julio en el Ejido Ortiz, perteneciente a Guaymas. Ella buscaba a su esposo desaparecido desde finales de 2020, por ello se unió al colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora.
Rosario Lilián Rodríguez Barraza (madre de Fernando Abizaid Ramírez) fue hallada sin vida en agosto en La Cruz de Elota, Sinaloa. Fue interceptada por hombres armados quienes se la llevaron a la fuerza después de salir de una misa.
Blanca Esmeralda Gallardo (madre de Betzabé Alvarado Gallardo) fue privada de la vida en la ciudad de Puebla en octubre. Ella había denunciado la desaparición de su hija, quien sigue sin ser localizada.
María del Carmen Vázquez (madre de Osmar Zúñiga Vázquez) era integrante del colectivo Personas Desaparecidos en Pénjamo y fue asesinada en noviembre en Abasolo, Guanajuato.
Nuestro México surrealista alberga todo tipo de absurdos y sin sentidos, pero ¿cómo explicar que existen madres que buscan con sus propios recursos y sin ayuda del Estado a seres amados desaparecidos con todo el riesgo que ello implica?
La simple lectura de esta pregunta debería hacernos rechinar los dientes con las más profunda de las indignaciones.
POSTDATA– Después de siete años y medio en una cárcel de Tabasco, Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz fueron liberados. Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido unánimes al considerar que las pruebas de la Fiscalía fueron insuficientes para condenarlos por tentativa de secuestro y han ordenado su liberación inmediata. Esto deja al descubierto las graves irregularidades llevadas a cabo por los agentes, fiscales y jueces involucrados en el caso (retratado en el documental de Netflix Duda razonable). Me da mucho gusto que el alto tribunal se haya erigido para corregir una grave injusticia. Pero no me digan que aquí se termina la historia. ¿Y qué de los servidores públicos que fabricaron este caso que hiede por todos lados a podredumbre, corrupción y abuso de poder?
Consultor en seguridad y manejo de crisis
Twitter: @CarlosSeoaneN
