El pasado 13 de noviembre, Jesús Ociel Baena Saucedo fue hallado sin vida en su casa en Aguascalientes al lado del cuerpo de quien fuera su pareja en vida. Ociel fue la primera persona no binaria (identidad autodesignada en la que no se percibe del género masculino ni del femenino) en ocupar una Magistratura Judicial en México y América Latina, como parte del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes, en donde logró que su título oficial fuera incluido con lenguaje no binario como “Magistrade”, en vez de Magistrado(a).
Tras la noticia de su muerte, al coro de “¡Crimen pasional, mentira nacional!”, miles de personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ se manifestaron en Ciudad de México exigiendo el esclarecimiento de su muerte.
Su grito de guerra hacía referencia a que, en el pasado, las distintas autoridades no han profundizado ni llevado a cabo investigaciones suficientes en los casos de asesinato de miembros de la comunidad gay argumentando “un crimen pasional” para darle carpetazo o cierre al caso en cuestión.
Pero es mucho más complicado que esto y derivado de la actuación (y pésima estrategia de comunicación) de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, es que decidí escribir esta columna.
Hablar de un crimen pasional es referirse al crimen ocurrido entre parejas con vínculos amorosos. La presencia de la palabra “pasional” remite al campo semántico en el cual se inscribe la acción, siendo los primeros hechos el vínculo amoroso, la emoción, el proceso de la relación, para finalizar con una ruptura violenta y de ahí su fatal desenlace.
En un crimen pasional, aquel o aquella que lo cometió, el delito prorrumpió tempestuosamente como un huracán psíquico anulando su capacidad de racionalidad y voluntad, impidiendo la sana y normal recepción de los acontecimientos, desatando así una reacción reptiliana, emocional y visceral extremadamente violenta en contra de su pareja.
El término “crimen pasional” surgió en Francia a mediados del siglo XIX y más que un término legal, era una expresión popular que implicaba un acto de violencia extrema entre dos personas vinculadas en una relación íntima y causado por una repentina alteración de la conciencia provocada por sentimientos muy intensos como la ira, los celos o el desengaño.
Pareciera que el término “pasional” fuera mediado por sentimientos agudos involuntarios que le dan un carácter particular que pudiera disculpar de alguna forma su ocurrencia y atenuar su gravedad, siendo que la agresión no fue premeditada. Y curiosamente, estaría implícito algún grado de responsabilidad de la víctima en su propia muerte.
Ahora, acerca del desempeño de las autoridades de Aguascalientes. Desde que se difundió la noticia, no había la menor duda que el caso llamaría poderosamente la atención a nivel nacional por el perfil de Ociel. Sin embargo, la información proporcionada por la Fiscalía ha dejado mucho que desear (tanto en fondo como en forma), en vez de permitir que la evidencia hable por sí misma y los expertos forenses la presenten en una conferencia de prensa una vez concluida la fase de la investigación criminalística (autopsias, análisis de la escena del crimen, mecanismo de lesiones, fotografías, revisión de videos, etc.), el fiscal Jesús Figueroa Ortega, ha develado pistas a las pocas horas de la muerte de Ociel y su pareja, que apuntan precisamente…¡a un crimen pasional!
No puedo sino preguntarme: ¿Por qué no solicitar la presencia de la CNDH o de algún tercero con credibilidad como testigo de los procedimientos desde el inicio?, ¿por qué no involucrar a alguna instancia internacional que avale la evidencia científica para que a su vez se respalden las conclusiones presentadas?, ¿cómo carajos se filtraron las imágenes de los cadáveres ensangrentados tirados en el piso dentro de la casa?, ¿por qué demonios no aprenden algo de otros casos como el de Debahni Escobar, Lesvy Rivera o Luz Raquel Padilla en los cuales las autoridades presentaron hipótesis (por no decir conclusiones) inmediatas y absurdas que posteriormente fueron brutalmente desmentidas?
Preguntas que, tristemente, quedarán sin respuesta.
POSTDATA – El INEGI publicó la semana pasada el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal. Dos datos para destacar acerca de la Guardia Nacional: el primero, 82.3% de sus elementos están adscritos a las Fuerzas Armadas, son soldados o marinos, no están formados como policías. El segundo, cuenta con 104,207 elementos y durante el 2022 solo puso a disposición de la autoridad a 2,814 personas, de estas últimas, 94.6% ante el Ministerio Público siendo el 50% por el delito de robo.
La función de la seguridad pública es mantener el orden y la paz e investigar y castigar el delito. Con estos números, queda claro que la Guardia Nacional (con 8 de cada 10 elementos siendo militares), no lleva a cabo ni llevará a cabo funciones que le corresponden a la policía, la inseguridad persistirá. Punto.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN