La organización Causa en Común acaba de publicar un reporte (mismo que da el título a esta columna) con un análisis detallado de las problemáticas que enfrentan nuestras corporaciones policiales en un contexto de creciente militarización y debilitamiento institucional.
A continuación, detallo lo que considero la columna vertebral del documento.
En los últimos años, las distintas policías han enfrentado un deterioro alarmante, producto de decisiones políticas equivocadas, presupuestos insuficientes y una acelerada militarización. A pesar de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) ha formulado acuerdos para mejorar la seguridad, su falta de eficacia y cumplimiento ha dejado a las policías en una situación de abandono.
El CNSP, encargado de coordinar las políticas de Seguridad Pública, ha fallado en su misión. Los acuerdos que emite son en su mayoría ambiguos, no establecen plazos claros ni sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha permitido que las entidades federativas se desentiendan de sus responsabilidades.
El problema se agrava con la reducción de los recursos destinados a la Seguridad Pública. La desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y la creación del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) con un presupuesto considerablemente menor. Los salarios siguen siendo bajos, con policías que en muchos casos perciben menos de $10,000 pesos al mes, una cifra que no refleja el riesgo y el esfuerzo que implica su labor.
A esto se suma la falta de regulación en las jornadas laborales, que muchas veces trabajan en condiciones de estrés extremo. Turnos de 24 horas de trabajo continuo o de 30 días de trabajo con apenas seis de descanso son comunes, lo que ha llevado a que un 40% de los elementos reporte problemas de salud relacionados con su actividad profesional. Esta situación, además de ser inhumana, afecta directamente la capacidad de los elementos para cumplir con su deber.
La militarización de la Seguridad Pública ha sido una de las políticas más controversiales de López Obrador. A pesar del crecimiento de presupuesto para la Guardia Nacional, los resultados han sido pobres (por decir lo menos). La militarización no solo ha debilitado a las policías locales, sino que también ha aumentado el riesgo de violaciones a los Derechos Humanos y la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. La opacidad en el manejo de los recursos y la falta de resultados tangibles hacen más que evidente que esta no es la solución que necesitamos.
Las movilizaciones de policías entre 2018 y 2024 reflejan el hartazgo del personal. De los 32 estados que componen la República Mexicana, salvo en Querétaro y Nuevo León, el personal ha efectuado paros, emplazamientos a paro o han salido a las calles a exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, las respuestas de las autoridades han sido insuficientes, y en muchos casos, se han tomado medidas represivas contra los manifestantes.
Uno de los aspectos más preocupantes es el alto número de policías asesinados. Desde 2018, poco más de 2,400 elementos han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Estos homicidios no solo evidencian la peligrosidad de la labor policial en nuestro país, sino también el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el personal ante la delincuencia.
¿Y qué se puede hacer para revertir esta situación? El reporte brinda 14 recomendaciones que por cuestiones de espacio me resulta imposible incluirlas en esta columna. Solo diré que algunas de ellas son imposibles de llevar a cabo (al menos hasta el 2030), como impulsar una Policía Federal civil, restablecer la autonomía de la CNDH o la creación de un organismo nacional autónomo (cuando el gobierno federal los está atacando sin piedad) a cargo del desarrollo policial.
En resumen, la situación de las policías en México es mala y se requiere de una acción decidida para revertir años de abandono y malas decisiones.
El futuro de la seguridad en el país depende de la capacidad de las autoridades para reconocer estos errores y tomar medidas efectivas que fortalezcan a las policías, en lugar de seguir debilitándolas.
POSTDATA – Narcoinflación: es el fenómeno en el que el crimen organizado impacta directamente en la economía a través de actividades como el cobro de derecho de piso (una modalidad de extorsión). Esta situación obliga a productores, transportistas y comerciantes a incrementar sus precios para compensar los costos adicionales generados por esta actividad criminal, lo que contribuye a la inflación en ciertos sectores económicos. ¿Será esta una variable económica de interés para el INEGI?
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
