En los últimos días, Manuel Espino (expresidente del PAN y actual diputado federal por Morena) ha generado controversia al proponer la creación de una Comisión Especial de Pacificación y Reconciliación Nacional, cuyo objetivo sería establecer un diálogo con el crimen organizado.
Según Espino, esta estrategia buscaría pacificar al país al ofrecer a los criminales una "puerta de escape" de la vida delictiva, sin que esto implique impunidad o perdón por sus crímenes. Él argumenta que este tipo de diálogos ha funcionado en otros contextos internacionales. Además, ha reiterado que su propuesta no significa pactar con los criminales, “es tener la visión de ellos, es tener la perspectiva de ellos para entender el problema”. Me deja sin palabras, a esta altura del partido… ¿en serio que no conoce la visión y perspectiva de los malos?
Sr. Espino, aquella añeja estructura de perfecto control vertical del PRI que, entre otras cosas, fue utilizada para administrar el crimen en México y hacer pactos para enriquecer a ambos lados, ya no existe y usted lo sabe. Es importante mencionar que, en aquellos días, los criminales sí necesitaban al poder político para operar con protección del Estado. Hoy por hoy, si no se ha dado cuenta, organizaciones como Jalisco Nueva Generación o Sinaloa, ya no los necesita.
Es entonces que no hay muchos caminos por los cuales optar. Amable lector(a), le comparto las tres opciones que han sido utilizadas por los distintos órdenes de gobierno en las últimas tres décadas en nuestro país.
La primera es simplemente ignorar el problema, argumentando que se trata de una cuestión de competencia federal o que todo es una campaña de desprestigio. Es una actitud de evasión, donde las autoridades locales prefieren no involucrarse y desviar la responsabilidad. Esta inacción genera un vacío de poder que, en muchas ocasiones, es aprovechado por los grupos criminales para fortalecer su control sobre el territorio, lo que agrava la inseguridad y la violencia en esas zonas. Es una postura peligrosa y negligente porque contribuye a la impunidad y perpetúa el ciclo delictivo.
La segunda, mucho más grave aún, es ser parte activa del problema. Algunos gobernantes establecen acuerdos oscuros con organizaciones criminales, como ya hemos visto en estados como Guerrero, Michoacán y Sinaloa. En lugar de enfrentarlos, se convierten en cómplices, facilitando sus operaciones a cambio de estabilidad o beneficios económicos. Este fenómeno, conocido como la "pax narca", es una tregua tácita que mantiene una relativa paz a un costo altísimo para la sociedad, ya que permite que el crimen organizado controle aspectos de la vida pública y se infiltre en las instituciones. Este tipo de acuerdos generan una vinculación que debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza pública en el gobierno.
Finalmente, la tercera opción, que debería ser la regla, pero es tristemente la excepción, es confrontar el crimen de manera directa y decidida. Enfrentar a los criminales implica asumir un riesgo personal y político, ya que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada no es fácil, ni popular, ni está exenta de peligros. Sin embargo, es la única postura que realmente puede dar resultados duraderos. Requiere que los gobernantes y las autoridades de seguridad pública hagan su trabajo con firmeza, sin excusas presupuestales ni de competencia, aplicando la ley de manera imparcial y efectiva. Enfrentar el crimen no significa solo arrestar a los delincuentes, sino también atacar las estructuras de poder que los sostienen, sean quien sean.
Esta falta de compromiso con la confrontación directa ha permitido que el crimen organizado se enraíce en muchas regiones del país, generando un ciclo que parece interminable. El debilitamiento de las instituciones y la inacción de muchos gobernantes solamente ha dejado al país sumido en la violencia y la impunidad.
Es momento de asumir la responsabilidad, enfrentar el problema de raíz y abandonar cualquier ilusión de que el diálogo con el crimen organizado será la solución. La seguridad no se negocia, se defiende.
POSTDATA – El promedio de homicidios dolosos en los primeros once días de la presente administración asciende a 77.5. La pasada administración despidió septiembre con un promedio de 78 asesinatos por día. Las cosas siguen igual.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
