México ha sido testigo de una transformación que afecta profundamente su vida pública: el creciente protagonismo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Lo que inicialmente fue una medida temporal para enfrentar al crimen organizado, se ha convertido en una política estructural.
El libro Desmilitarizar a México: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ofrece un análisis riguroso sobre este proceso y sus implicaciones para el Estado mexicano. Contribuye a una discusión urgente que requiere ser abordada desde múltiples perspectivas, para no caer en soluciones simplistas y peligrosas.
El texto es tan amplio, que esta columna la dividiré en dos partes, aunque bien podrían ser muchas más.
El origen de la militarización: más allá de Calderón.
Aunque muchos ubican el inicio de la militarización con la "guerra contra el narcotráfico" declarada por el expresidente Calderón en 2006, este proceso tiene raíces mucho más profundas. La militarización en México es el resultado de décadas de transformación política y social, en las cuales el Estado ha recurrido repetidamente a las fuerzas armadas para resolver conflictos internos.
Desde los tiempos de la Revolución Mexicana, el Ejército ha jugado un papel crucial en la estabilización política del país. Durante gran parte del siglo XX, los militares fueron actores fundamentales en la consolidación del poder del PRI, y aunque hubo periodos de relativa desmilitarización, su influencia nunca desapareció por completo.
Es en este contexto donde la guerra contra el narcotráfico representa un punto de inflexión. Al desplegar miles de soldados en todo el país, el expresidente revirtió décadas de esfuerzo por limitar el papel de los militares en la vida pública. Si bien se argumentó que la intervención militar era más que necesaria debido a la corrupción y debilidad de las fuerzas policiales, los resultados distaron de ser los esperados.
El auge de la Guardia Nacional: la militarización bajo López Obrador
Los "abrazos, no balazos" generaron la expectativa de un cambio en la estrategia de seguridad. Sin embargo, el gobierno actual ha profundizado la militarización. La creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019, una fuerza predominantemente militar es una muestra clara de esta continuidad.
Aunque inicialmente se prometió que sería una fuerza civil, la GN está compuesta mayoritariamente por personal militar, lo que refuerza la presencia castrense en tareas de seguridad que deberían estar reservadas para las policías civiles.
Para muchos críticos, es simplemente una extensión de las Fuerzas Armadas, pero disfrazada de una nueva institución.
La transferencia de miles de elementos del Ejército y la Marina a sus filas, y la persistente falta de presupuesto y profesionalización de las policías locales, sugieren que López Obrador optó por una solución (que no lo fue) rápida y fácil al problema de la inseguridad, en lugar de enfrentar el desafío más complejo de reformar las instituciones civiles de seguridad y justicia.
La militarización no es una solución a largo plazo para los problemas de seguridad. Al contrario, la dependencia del Ejército para resolver problemas que deberían ser manejados por civiles erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas.
En lugar de construir una policía profesional y confiable, se delega la tarea a los militares, quienes, aunque puedan tener una elevada capacidad táctica y poder de fuego, no están entrenados para llevar a cabo las complejas funciones de Seguridad Pública en una democracia.
El costo de la militarización: derechos humanos y democracia en peligro
Uno de los aspectos más preocupantes de la militarización es su impacto en los derechos humanos. El libro documenta numerosos casos en los que el despliegue militar ha resultado en abusos contra la población civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas. Estos abusos, muy aparte de afectar a las víctimas directas e indirectas, también debilitan la confianza de la población en las instituciones públicas, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia.
La militarización también tiene un costo para la democracia. La creciente influencia de las fuerzas armadas en la toma de decisiones políticas podría llevar a una nueva forma de militarismo, en la cual los militares ejercen un poder cada vez mayor en detrimento de los políticos civiles.
La militarización no solo erosiona las instituciones civiles, sino que también puede cambiar la cultura política a medida que los militares asuman un papel más prominente en la vida pública.
Mañana continuaré con la segunda parte.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
