México rebasó el millón de casos de Covid-19 y estamos a solo uno o dos días de rebasar las 100 mil defunciones. El subregistro de la enfermedad es conocido por todos, aunque estas cifras queden como “oficiales” y pese a miles de contagios diarios y mucha más muerte.
La pandemia tuvo un impacto inmediato en las actividades criminales y en la mayoría de sus distintas variables. El confinamiento desaceleró la actividad de toda la población en múltiples sentidos y muchos de los delitos del día a día sufrieron una afortunada, aunque coyuntural y breve caída en la incidencia estadística. Al revisar la página web del Observatorio Nacional Ciudadano nos damos cuenta de la más cercana realidad. La economía se reabre y las gráficas que marcan los delitos empiezan a registrar claros incrementos.
Las pandillas, mafias territoriales, cárteles o grupos de la delincuencia organizada regresan a las calles para atacar con asaltos, secuestros, robo a negocios, venta de droga y toda clase de actos ilícitos. Son sus actividades preponderantes y de una u otra forma han tenido que adaptarse a la nueva normalidad. La ausencia de una vacuna contra el coronavirus o el período invernal que propiciará mayores contagios, no los detendrá.
El exsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana proclamó triunfalmente en su despedida una serie de declaraciones que no coinciden con la realidad. Por ejemplo: “Estoy seguro también que la historia terminará siendo generosa con nosotros por nuestro desempeño en el ámbito de la seguridad”. No será necesario que finalice siquiera el sexenio para saber cuándo caducará esta frase. Mientras, el 2020 sigue pintado de un rojo intenso y muy probablemente quede en los anales de la historia como el más violento y sangriento de los tiempos modernos.
Para agravar el panorama, son pocos los gobiernos estatales que han tomado en serio el tema de la seguridad pública. Es más fácil pedir la intervención del Ejército o de la Guardia Nacional argumentando su incapacidad o la comisión de delitos del fuero federal y así desmarcarse de tan ingrata y desgastante tarea. Durante el próximo año habrá una reducción presupuestal para muchos estados, que impactará directamente la política de seguridad y sus resultados. No olvidemos la desaparición del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), destinado a la formación y capacitación policial, así como a la compra de armamento, patrullas y equipo en los diferentes municipios del país.
Los programas sociales del gobierno federal serán enfocados en atacar de raíz las causas que favorecen que la población más vulnerable se una a grupos criminales, pero en el más optimista de los escenarios y si fuesen altamente efectivos, los resultados podrían tomar varios años para dar resultados. Prevalecen serias dudas acerca de la eficacia y utilidad de estos programas. En el discurso suenan muy bien, pero en la práctica suelen aportar fracasos.
La pandemia está recrudeciendo las debilidades socioeconómicas de gran parte de la población, lo cual favorece la comisión de actos ilícitos y/o el reclutamiento de los jóvenes por parte de grupos criminales. La prioridad número uno para cualquiera es poner comida sobre la mesa y los medios para lograrlo pueden ser secundarios.
Si algo ha demostrado el crimen organizado al paso de los años, es su gran capacidad de adaptación y resiliencia. El Covid-19 será solo una piedra más en su camino, mientras que para el resto de la actividad comercial legal es un problema de más graves dimensiones.
López Obrador debería entender de una vez por todas que no logrará su meta de pacificar al país al grado que hubiese querido. Esto es algo que todos lamentaremos, pero no significa que esté impedido de hacer ajustes para que la próxima administración continúe con la tarea que permanecerá incompleta, sin recorrer el camino tan cuesta arriba.
@CarlosSeoaneN
