En un reportaje titulado “Temen empresarios por la inseguridad”, el representante de una empresa alemana que fabrica autopartes en Guanajuato expresa claramente que, ante ese fenómeno, las compañías de su país consideran buscar otros territorios en donde sus inversiones no conlleven la incertidumbre que se vive en México, derivada de la violencia criminal.
La nota no sorprende, ya que bien podíamos haberla leído cualquier día desde hace una década. A pesar de la captura de innumerables capos y del desmantelamiento de organizaciones criminales, las cosas no cambian. Un elemento adicional citado en el reportaje es la inseguridad jurídica, algo que en el pasado no ocurría y que el gobierno prefiere ignorar en pos de su agenda político-ideológica, sin entender que lo que no siembre hoy las siguientes administraciones nunca podrán cosechar.
Basta citar un ejemplo: acorde al Banco de México, inversionistas han retirado 8,700 millones de dólares al segundo trimestre del año, monto que incluye desinversión neta por 2,857 mdd, pues el gobierno apenas logró colocar valores por 5,853 mdd en los mercados extranjeros en tal periodo.
El Observatorio Nacional Ciudadano, que se abastece de la información oficial proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), advierte que el primer semestre de este 2020 ha sido el más violento desde que tenemos memoria en cifras oficiales, con todo y encierro provocado por la pandemia. Y para aquellos crímenes que registraron un descenso, el porcentaje es tan pequeño que no revisten una tendencia a la baja ni evidencia de mejoras sustantivas.
Queda claro que los datos reales sobre inversión y seguridad van de la mano en estos tiempos, sólo para quien quiera verlos y afrontarlos.
El expresidente Peña Nieto heredó a la presente administración una elevada tendencia al alza en el índice de homicidios dolosos, pero es un argumento que sigue perdiendo fuerza conforme avanza el sexenio. La violencia criminal se mantiene y hasta julio del 2019, en donde fijó su acmé, se ha estancado con un promedio aproximado de 2 mil ejecuciones mensuales.
Los números son fríos y marcan una realidad que no se puede esconder. La meseta estadística en la que nos encontramos dista mucho de perfilar la pacificación prometida y deseada por todos. La terca realidad nos muestra que los negocios del crimen organizado encuentran enorme rentabilidad y sobrepasan por mucho el riesgo que asumen al violar la ley.
La Guardia Nacional es un proyecto de largo plazo que no ha aterrizado. Además de sus funciones constitucionales, las fuerzas armadas, integradas desde hace años a las tareas de seguridad pública, se han convertido en constructores de sucursales del Banco del Bienestar, en administradores del aeropuerto de Santa Lucía e intervendrán también en la cimentación del Tren Maya, al mismo tiempo que contienen la migración ilegal proveniente de Centroamérica y cuidan los ductos de PEMEX para evitar la ordeña.
Las policías municipales y estatales permanecen ancladas al pasado, sin esfuerzos ni proyecto para integrarlas a la estrategia nacional de seguridad. Los periódicos y los noticieros describen todas las semanas los horrores criminales, mientras escuchamos al Presidente asegurar que “vamos bien”. El tiempo vuela y el esfuerzo y gastos de los diferentes niveles de gobierno para incidir en las elecciones del 2021, jugarán en contra de la seguridad en todo el país.
Autocelebrar resultados ínfimos o inexistentes y difundir otros datos ya no le servirá al gobierno. Es hora de asumir la seguridad pública sin politiquerías y como una prioridad auténtica. Se deben establecer claros indicadores para medir los avances y retrocesos. Es evidente que la factura por el incumplimiento en materia de seguridad tiene costos muy elevados.
Lejos estamos de que México sea un territorio de paz para todos. No podemos esperar a que el sexenio concluya para escuchar las razones del por qué no había forma de resolver la violencia criminal heredada y sin aceptar responsabilidad alguna por ello.
@CarlosSeoaneN
