Hace unos cuantos días, la Cámara de Diputados aprobó la pena de cárcel de hasta de 40 años a quienes intenten cometer feminicidio, sin que éste sea consumado. También se le aplicará al agresor la prisión preventiva durante su juicio y no gozará de libertad condicionada ni libertad anticipada ni procederá la sustitución de pena a los sentenciados en caso de tentativa punible.
México es un país plagado de leyes y reglamentos con duros castigos a los infractores, pero si algo hemos aprendido al paso de los sexenios es que, ante la adversidad criminal, los distintos gobiernos han aplicado una especie de “populismo punitivo” a través de castigos más severos para los criminales. Esto es, sancionar con mayores penas de cárcel a los infractores para calmar los ánimos de la población indignada.
De esto deriva la primera pregunta clave, ¿incrementar la pena de cárcel, disminuirá este crimen en específico?
Para muestra basta un botón y juzgue usted mismo. Veamos una cronología penal para el delito de secuestro, flagelo que nos ha azotado por décadas:
1984 - Se incrementa de cinco a seis años la pena mínima a quien secuestre para pedir rescate. La pena máxima es de 40 años.
1989 - Se establece por primera vez la pena de 15 años mínimo y 50 años máximo para el secuestro con homicidio de la víctima.
1996 - Luego de los secuestros de los empresarios Alfredo Harp, Ángel Losada y José Antonio Pérez Porrúa, se incrementa a 10 años la pena mínima, la máxima se mantiene en 40 años.
1998 - Tras la detención de Daniel Arizmendi “el mocha orejas”, se incrementa a 15 años la pena mínima y a 60 años para el secuestro con homicidio.
2000 - Tras la captura de Andrés Caletri y el asesinato de Paola Gallo, aumenta el castigo máximo para el secuestro con homicidio hasta 70 años.
2004 - Luego de la marcha contra la delincuencia en la Ciudad de México, se tipifica como delito el secuestro exprés con una pena de 7 a 20 años.
2006 - Posterior al secuestro de Rubén Omar Romano (entrenador del Cruz Azul en ese momento), se incrementan las penas máximas de 40 a 60 años.
2008 - Los casos de secuestro y homicidio de Fernando Martí y Silvia Vargas sacuden a México. A sabiendas que no es posible su instauración, el Partido Verde pide la pena de muerte para secuestradores.
2014 - El PRI presenta una propuesta de cadena perpetua a secuestradores que asesinen a su víctima.
2014 – Se aprueba una iniciativa para aumentar de 40 a 80 años de cárcel como pena mínima, de 50 a 100 años en secuestros agravados y de 80 a 140 años de prisión para el secuestro con homicidio.
Después de esta línea de tiempo, viene una segunda pregunta clave: ¿Ha disminuido el secuestro en México como consecuencia de la imposición de castigos más severos? La respuesta es un rotundo no.
¿Por qué entonces resulta tan sencillo aplicar el populismo punitivo en la ley penal? Porque es una supuesta propuesta de solución a corto plazo y principalmente tangible, los votantes pueden apreciar que existen mayores castigos publicados en una ley, lo que genera aprobación por una gran parte de la población y a simple vista puede parecer una solución.
El endurecimiento de las penas no tiene efectos disuasivos, pues la temporalidad y otros factores relacionados a la pena no son los determinantes de la ejecución del delito. Los efectos disuasivos son mínimos, pues hay un desconocimiento general de la ley, por ende, también del castigo.
La experiencia internacional ha demostrado que el endurecimiento de los castigos resulta ineficaz para disminuir las acciones delictivas, porque no versa sobre las causas del delito, sino solo sobre las consecuencias.
El feminicidio tiene un origen cultural y antropológico, debido a la sociedad patriarcal y machista que existe desde la concepción de la humanidad, por ello la dureza de una pena no va a atenuar este delito.
La solución radica en construir una sociedad basada en la igualdad integral de género, la cual únicamente puede ser lograda a través de la formación familiar y la educación. Nos queda un largo camino por delante.
POSTDATA – La semana pasada elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego negligentemente contra dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, matando a uno y dejando a otra herida. Sin embargo, la Universidad ahora informa que el elemento que disparó no fue vinculado a proceso y fue puesto en libertad. Este desafortunado caso tiene muchas preguntas pendientes todavía, no debe caer en el olvido.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
Twitter: @CarlosSeoaneN
