Culiacán no es cualquier rincón perdido en la sierra, ni una población rural enclavada en algún cerro olvidado. Es la capital de Sinaloa y el corazón de una de las metrópolis más importantes del noroeste mexicano. Con más de un millón de habitantes, ocupa el lugar número 14 entre los municipios más poblados del país.
En otras palabras, no estamos hablando de un lugar remoto que pueda pasar desapercibido. Y, sin embargo, Culiacán es hoy el epicentro de una batalla que apenas empieza y que ha dejado claro algo: la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
En los últimos días esta ciudad ha quedado prisionera de un conflicto violento entre dos facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) que ha transformado a sus calles en un intermitente campo de batalla.
Desde el pasado lunes 9 de septiembre, no ha habido un solo día en el que las calles de Culiacán no hayan presenciado la fuerza bruta ejercida entre la gente de los Chapitos y los hombres de El Mayo Zambada. La escalada de violencia no se detiene entre asesinatos, secuestros y robo de vehículos. Y detrás de esto, hay una ciudad rehén de la violencia con una población que vive confinada y con miedo.
Las imágenes que circulan en redes sociales son un reflejo de la gravedad: sicarios en camionetas blindadas, disparando a plena luz del día, transformando las calles en un escenario de guerra. Pero más allá de los tiroteos, lo que realmente está sembrando el terror entre la población son los rumores de reclutamiento forzado.
Miles de jóvenes varones se quedan en casa por el miedo de ser levantados y forzados a convertirse en soldados para alguna de estas facciones del CDS. Y repito, esta no es una guerra en un lugar lejano, ocurre en medio de la capital de un estado en pleno siglo XXI.
La Guardia Nacional y el Ejército han sido desplegados, pero su presencia no ha sido suficiente para detener la ola de violencia. De hecho, parece que a los grupos criminales les importa poco su presencia, continuando con sus enfrentamientos, dejando a su paso cadáveres y pánico.
En ese contexto, las palabras del gobernador Rubén Rocha Moya resuenan con un eco hueco. Al asegurar que Sinaloa "estaba tranquilo" y que los incidentes eran "focalizados", Rocha Moya, o está brutalmente desconectado de la realidad o simplemente ha aceptado que su gobierno está de rodillas ante el CDS.
López Obrador, por su parte, ha repetido su mantra de que la "paz y la tranquilidad" prevalecerán, pero la realidad es terca. La cancelación de las festividades patrias en Culiacán (al igual que en otros 29 municipios de siete estados) es una señal clara de que las cosas no están ni remotamente cerca de normalizarse. Que una celebración tan simbólica como el Grito de Independencia tenga que ser suspendida por razones de seguridad es un recordatorio del enorme poder que el narco sigue y seguirá teniendo.
Me duele el corazón al pensar en el agotamiento de la población. Los habitantes de Culiacán, al igual que muchos otros en zonas afectadas por la violencia, deben estar exhaustos de vivir en un estado de alerta constante, de no poder enviar a sus hijos a la escuela, de no saber si mañana serán las siguientes víctimas. Las palabras de Estefanía, una joven culichi de 27 años, son una síntesis de esta desesperación: “Estoy cansada de no poder salir”.
Las secuelas de este conflicto serán profundas y duraderas mientras que la confianza en las instituciones y autoridades continúa su erosión.
Y lo único que atina a decir López Obrador al CDS es: “Tienen que buscar otras formas, que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos, es un asunto de ellos, nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden”.
Sinaloa, y particularmente Culiacán, está en el centro de una tormenta que apenas empieza. Los enfrentamientos entre los dos grandes brazos del CDS han expuesto las enormes debilidades del gobierno local para combatirlos y del gobierno federal para controlarlos. Hablar de arrestarlos y enjuiciarlos ya sería una utopía.
A López Obrador le quedan dos semanas para finalizar su mandato y, mientras sigue repitiendo que todo está bajo control, la maldita realidad lo contradice.
Esta será una gran oportunidad para que Claudia Sheinbaum demuestre que sí puede y sí quiere retomar el control. Si no, Culiacán será la segunda capital (después de Chilpancingo) entregada al crimen organizado.
POSTDATA – Porfirio Muñoz Ledo (QEPD) dijo públicamente en una conferencia (noviembre 2022) que los acuerdos del gobierno con el narco no son heredables. Los arreglos se llevan a cabo con quien va entrando, no con quien va saliendo: “2024 va a ser un enfrentamiento muy serio”.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
