El Operativo Enjambre ha sacado a la luz el rostro más oscuro de nuestro sistema político: alcaldías al servicio del crimen organizado. La detención de María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, junto con otros funcionarios municipales y jefes policiales, revela hasta qué punto grupos como La Nueva Familia Michoacana (LNFM) han capturado los niveles más básicos de gobierno.
Tristemente, este caso dista de ser un hecho aislado y refleja un microcosmos de la profunda podredumbre que afecta a las instituciones locales en nuestro país.
Las investigaciones han revelado que la exalcaldesa no solo era solo permisiva con el crimen organizado; acorde a la fiscalía del Estado de México, era una subordinada directa de los hermanos Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, líderes de LNFM.
Cada tres meses, le entregaba 1.3 millones de pesos provenientes de las arcas municipales como "cuota" al grupo criminal. Además, también entregaba 10 mil pesos por cada acuerdo de cabildo y el 10% del presupuesto de obra pública a los mismos delincuentes. Bajo este esquema de corrupción, la alcaldía se transformó en una extensión del aparato delictivo.
La magnitud del control que LNFM ejercía sobre la alcaldía es escalofriante. Los Hurtado no solo decidían cómo se manejaban los recursos públicos, sino que también mediaban en conflictos internos entre funcionarios locales (mismo tema que ya escuchamos con “El Mayo” Zambada en Sinaloa), como si se tratara de un árbitro supremo de la administración pública.
El caso tomó un giro más oscuro con el asesinato del síndico Miguel Ángel Lara, presuntamente ordenado por Martínez Robles en enero del año pasado. La fiscalía sostiene que la alcaldesa ordenó la ejecución mediante una llamada telefónica. Este acto demuestra no solo la falta de escrúpulos, sino la impunidad con la que operan quienes deberían proteger y servir a la ciudadanía.
El Operativo Enjambre representa un significativo paso para esta nueva presidencia en la lucha contra esta simbiosis entre crimen organizado y poder político. Liderado por Omar García Harfuch, se evidenció un cambio radical en la estrategia de seguridad: actuar con discreción, cooperación y contundencia, evitando filtraciones que pusieran en riesgo las investigaciones y/o arrestos.
Sin embargo, esto es solo el comienzo. Para que estas acciones trasciendan, deben acompañarse de investigaciones judiciales sólidas que garanticen condenas firmes.
El caso de Amanalco subraya la urgencia de una estrategia integral. Es necesario desmantelar redes de corrupción y financiamiento ilegal en todos los niveles de gobierno.
También es crucial garantizar la protección de los funcionarios y ciudadanos que colaboren con las investigaciones. El miedo y la desconfianza han silenciado demasiadas voces que podrían ser clave en la lucha contra el crimen organizado. Sin un sistema robusto de protección, operativos como Enjambre corren el riesgo de enfrentarse a una resistencia cada vez mayor.
La sociedad tiene un papel fundamental en todo esto. El respaldo popular puede ser un catalizador para que las autoridades mantengan el rumbo sin claudicar. Este es un momento importante para Sheinbaum, quien ha mostrado decisión en esta primera acción.
Pero su verdadero desafío será institucionalizar estas estrategias para que trasciendan más allá de su administración y se conviertan en políticas públicas permanentes, sin importar a que partido o familia política pertenezcan los involucrados.
Este operativo ha demostrado que es posible combatir la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales. Sin embargo, la historia nos enseña que muchos esfuerzos comienzan con fuerza, pero se diluyen ante la burocracia, la corrupción y la falta de voluntad política.
Para concluir, no puedo dejar de enfatizar que, así como un enjambre de abejas trabaja de forma organizada para un objetivo común, este operativo implicó la colaboración masiva de distintas instituciones para combatir la corrupción y al crimen organizado.
POSTDATA – Octubre, el primer mes esta nueva administración, cerró con un promedio de 73.9 homicidios dolosos por día. Noviembre, hasta el viernes 29, acumulaba 73.8 asesinatos en promedio diario.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN
