Derivado de mis actividades profesionales como consultor en seguridad , es que en los últimos 20 años he llevado a cabo docenas de investigaciones para auxiliar a mis clientes a esclarecer distintos siniestros en sus organizaciones. Estas investigaciones han variado desde robos dentro de su compañía, a revisar importantes faltantes de inventario, a profundizar en casos de asalto a vehículos de carga en tránsito, entre otros.
En algunas de estas indagaciones, los resultados no han sido los esperados. Ocasionalmente, la información y los elementos disponibles no permiten llegar a la verdad y simplemente arrojan el resultado que ningún investigador quiere darle a su cliente: no pudimos confirmar cómo ni cuando ocurrió el incidente, ni quien o quienes lo llevaron a cabo. ¿Frustrante? Claro que sí, pero así es el mundo de las investigaciones, al menos en la iniciativa privada. Asumo que así será también en la esfera pública.
Ahora, este proceso sigue una metodología, después de hacer una extensa revisión de la información existente (testimonios, entrevistas, fotografías, evidencias físicas, imágenes electrónicas, etc.), es que se plantean diferentes hipótesis de lo que pudo haber acontecido y a partir de ahí, se trabaja para fortalecer aquella que la información favorezca y descartar las demás.
El mayor pecado que puede cometer un investigador es anclarse a una hipótesis por anticipado, buscando y/o aceptando solo los datos que refuerzan el resultado deseado, lo que significa descartar todo aquello que lo distancia de su presunción favorita. Repito, este es un grave error. A veces la información disponible simple y sencillamente nos aleja de lo que pensamos que había ocurrido. Así es que el objetivo no siempre es confirmar la hipótesis, también el descartarla puede ser la meta.
Esta introducción viene a colación ya que apenas la semana pasada, The New York Times publicó un reportaje con el explosivo título “El caso Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”. En esta publicación, Alejandro Encinas , subsecretario de Gobernación, dijo que “mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse que fuera real”.
El nuevo material del informe, una serie de mensajes (cientos de capturas de pantalla) a través de WhatsApp, los cuales describían una tétrica historia acerca de cómo los estudiantes fueron asesinados y descuartizados por criminales y también por militares, resultó falso. Vale la pena resaltar que esos mensajes construían una nueva columna vertebral para la teoría del caso.
Encinas admite que del informe que presentó “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, son “pruebas sin sustento” que no han podido ser “verificadas”. Admitió que la fuente (anónima hasta ahora) que envió las capturas de pantalla podría haberlas fabricado. Adicionalmente, aceptó haber estado sometido a la presión del presidente para dar resultados.
La extraordinaria admisión indica que la afamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) confió en pruebas sin soporte para tratar de demostrar, a piedra y lodo, la hipótesis que el autor intelectual de esta desgracia fue el Estado mexicano cuando Enrique Peña Nieto era presidente.
Han transcurrido ocho años desde aquella trágica noche de Iguala y no parece que estemos más cerca de la verdad que en aquel entonces. Se han acumulado una serie de pifias, corruptelas, errores e inclusive, acciones a todas luces ilegales, por parte de los distintos equipos investigadores que se antoja casi imposible recuperar la credibilidad perdida antes y ahora.
Anclarse a una hipótesis y trabajar ciegamente a través de una investigación criminal para comprobarla, dista profundamente de ser el camino adecuado para impartir justicia y develar la verdad.
POSTDATA
Manuel Espino , el excomisionado del Servicio de Protección Federal, reveló en un foro del Senado que dos grupos del crimen organizado “respondieron a la propuesta de abrir el diálogo con el gobierno federal”. Si esto fuera cierto, no entiendo por qué hacerlo público. El negociar con grupos terroristas, guerrilleros o criminales es algo que requiere, para empezar, un alto grado de discreción. No cabe duda, el protagonismo político nunca es un buen consejero.
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Twitter: @CarlosSeoaneN
