“A través de la política de diálogo que distingue a este gobierno, sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos. Asimismo, se tiene tránsito por la Autopista del Sol y fue devuelto el vehículo táctico propiedad de la SSP de Guerrero. Mediante una mesa de trabajo construimos acuerdos con los manifestantes, siempre, como se ha privilegiado, dentro del marco de la ley. En el gobierno de Guerrero seguiremos avanzando en la ruta del diálogo y la legalidad, priorizando el bienestar del pueblo. Luchamos por la justicia social; encima de la ley nada, fuera de la ley nadie.”

Esta fue una declaración publicada en Twitter el martes pasado por Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Lo escrito aquí deriva de un bloqueo multitudinario acontecido sobre la Autopista del Sol que duró cerca de dos días, el cual se intentó despejar en un inicio mediante la fuerza pública, lo que derivó en enfrentamientos y la retención forzosa (¿secuestro?) de 13 personas entre policías, empleados estales y federales y el robo de un vehículo blindado de la policía que fue utilizado como ariete para romper la puerta de acceso al Palacio de Gobierno. Adicionalmente, todo el comercio en la ciudad cerró sus puertas con las implicaciones económicas imaginables.

Llama poderosamente la atención el que la gobernadora Salgado haga énfasis en que todo se encuadró en el marco de la ley dentro de un proceso de negociación exitoso.

Con la información disponible, todo apunta a que simplemente se concedieron todas las demandas que se le hicieron (¿impusieron?) para salir al paso de la violencia llevada a cabo por los “manifestantes”, pero impulsada tras bambalinas por el crimen organizado.

Pero vayamos por partes…

En primera, haber retenido, por la fuerza y en contra de su voluntad, a 13 servidores públicos durante un día para obtener un beneficio a cambo de su libertad, podría encuadrarse perfectamente en el delito de secuestro descrito en el Artículo 129 del código penal del estado de Guerrero.

En segunda, el haber restringido totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las autopistas, está penado por la Ley de Vías Generales de Comunicación en su artículo 533, modificado por el Congreso en el año 2020.

En tercera, el artículo 163 del código penal de Guerrero describe el delito de robo como “Al que se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley” y “se dará por consumado el robo, desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada; aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella”. El haber retornado el vehículo blindado de la policía, no exime del delito acorde a la ley estatal.

Para la gobernadora, el que hayan liberado a los rehenes, despejado el bloqueo de la autopista y devuelto el vehículo robado sin penalidad alguna ni costo de reparación para nadie es una buena negociación. Mientras que su gobierno, adicionalmente, comprometió obras en beneficio de las comunidades aledañas para cerrar el trato y regresar a la normalidad. Fin de la historia.

Tristemente en nuestro país (y no solo en Guerrero) una negociación exitosa es ceder a todas las demandas de la contraparte, perdonar todas las ofensas e indultar a los responsables de todos los delitos cometidos para salir, como sea, del atolladero en el que se metieron.

Y por favor, no me malinterpreten, no estoy en contra de obras sociales en favor de las comunidades que las necesiten, tampoco estoy en contra de otorgar perdones o indultos en condiciones que favorezcan a ambas partes. Lo que nos daña profundamente es que se ofrezcan concesiones inmediatas al 100% con una visión inminentemente cortoplacista sin importar el precedente que estas sienten.

Al gobierno de Evelyn Salgado le quedan poco más de cuatro años por delante y los grupos subversivos y/o criminales ya le tomaron la medida. Su poder para ejercer legalmente la fuerza ha sido neutralizado, la fórmula está patentada y a la vista de todos.

POSTDATA.– El martes de la semana pasada explotaron siete minas enterradas en el municipio de Tlajomulco, Jalisco. Este atentado, que bien podría rayar la frontera del terrorismo, dejó un saldo de seis muertos y 14 heridos, muchos de ellos policías. Jalisco no había vivido hasta entonces un ataque similar. Las organizaciones criminales no se tocan el corazón y diversifican sus métodos para agredir y sembrar el miedo. Urge que los distintos órdenes de gobierno saquen la cabeza de la arena y se den cuenta del monstruo que sigue creciendo.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN

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