El paso del tiempo es el peor enemigo de cualquier investigación. Aunque no recuerdo con precisión cuándo o dónde escuché esta afirmación por primera vez, su veracidad me ha llevado a repetirla innumerables veces a mis clientes. Muchas veces, en el ámbito corporativo, la indecisión o la falta de iniciativa para realizar una investigación interna (normalmente por pérdidas de materia prima, producto terminado o recursos financieros) deriva en consecuencias graves.

El tiempo no solo erosiona la memoria y los recuerdos, sino que también afecta la integridad de la evidencia y la confiabilidad de los testimonios. Permitir que la desidia se infiltre en la gestión corporativa y frene una investigación que es necesaria no es solo un error; es un riesgo estratégico que puede costar muy caro.

¿Y a qué voy con esto? La trágica noche de Iguala en donde perdieron la vida seis personas y otras 43 desaparecieron, aconteció el 26 de septiembre de 2014 y en menos de un mes, se cumplirá una década de aquella noche fatídica que nos ha dejado marcados como nación.

La administración del expresidente Peña Nieto investigó los hechos durante cuatro meses hasta que presentó la afamada “verdad histórica” el 27 de enero de 2015. Palabras más, palabras menos, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam (hoy, bajo arresto domiciliario) afirmó que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Según esta versión, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. El motivo dado fue que los criminales confundieron a los estudiantes con miembros de una banda rival.

Los dichos del exprocurador fueron ampliamente criticados por diversos actores nacionales e internacionales quienes señalaron deficiencias en la investigación, manipulación de pruebas y violaciones de derechos humanos en la obtención de confesiones. Sin embargo, aquella versión permanece como la columna vertebral de lo ocurrido hasta el día de hoy.

La noche de Iguala fue un estigma del cual Peña Nieto nunca logró desprenderse causándole un brutal desgaste, y pasados cuatro años y dos meses de aquel fatídico día, ocurrió el cambio de administración y la llegada de López Obrador al poder.

¿Y qué ocurrió entonces? Se conformó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) con el objetivo de esclarecer la desaparición de los estudiantes. La CoVAJ fue dirigida por Alejandro Encinas, quien fungió como Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. En septiembre del año pasado, Encinas dejó el puesto para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Y desde diciembre de 2018 a la fecha, después de casi seis años y 30 reuniones con el gobierno y el presidente López Obrador, el colectivo de los padres ha declinado participar en más encuentros durante los siguientes 30 días ante la falta de avances. La papa caliente pasará a manos de la presidenta Sheinbaum.

Los familiares de los desaparecidos expresaron su frustración a través de Vidulfo Rosales, abogado del colectivo: “Este gobierno no alcanzó a darnos verdad y justicia. Hoy en día no hay dato objetivo de qué pasó con ellos, dónde están”.

Este desenlace es el peor de los imaginados, ya que revela la profunda crisis que enfrenta el país: un caso emblemático de cómo las autoridades (pasadas y/o presentes) y el crimen organizado pueden operar en complicidad, demostrando la falta de voluntad e incapacidad para romper con el círculo vicioso y enfrentarlo de manera decidida. Más preocupante aún, es la falta de compromiso con el Estado de derecho, donde las acciones están dictadas por intereses políticos o económicos y no por la búsqueda genuina de justicia.

Y así concluyó la investigación más importante del presente gobierno.

La pregunta ahora es: ¿Qué hará Claudia Sheinbaum que no se haya hecho ya en la última década? Al final, el tiempo sigue siendo el peor enemigo de cualquier investigación.

POSTDATA I – La Administración de Control de Drogas (DEA) informó que Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, entró al programa de testigos protegidos, La agencia detalló que Ovidio está ahora bajo el resguardo de los U.S. Marshals. Vienen tiempos sumamente interesantes con las declaraciones de Ovidio, su hermano Joaquín y su padrino “El Mayo” Zambada. No duden que en un par de años tengamos a altos exfuncionarios(as) mexicanos(as) acompañando a Genaro García Luna en Nueva York.

POSTDATA II – Con motivo de su último informe de gobierno, López Obrador está lanzando cápsulas en sus redes sociales difundiendo lo que él considera sus éxitos. Después de haber acumulado al día de hoy 196,500 homicidios dolosos y 51,645 desapariciones, se atrevió a decir en un video: “En seguridad funcionó la estrategia de que la paz es fruto de la justicia”… sin palabras.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN

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