El pasado viernes 1 de diciembre se cumplieron cinco años del gobierno del presidente López Obrador y acorde a datos publicados por la consultoría TResearch, se han acumulado 173,327 asesinatos durante su mandato. Quedándole todavía 10 meses en su haber a la presente administración, las muertes violentas seguirán apilándose y aumentado la cuenta hasta rebasar poco más de 200,000 homicidios dolosos.
Pero ya habrá momento para tocar este tema con la debida profundidad dentro de 10 meses, precisamente. Así es que este no es el tema central de esta columna, sino una breve introducción.
Desde hace más de una década, en nuestro país ocurren entre 70 y 80 asesinatos diariamente (
http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/). La costumbre y/o resignación a estas cruentas cifras nos hacen pensar que cuando un cadáver más se suma al conteo todo acaba ahí, ¿correcto? No nos damos cuenta de todo lo que en términos policiales y de investigación deberían de acarrear estas brutales cifras de violencia. Esto para, al menos, tratar de hacer justicia a los fallecidos.
Ahora, ¿cuánto tiempo estima usted, amable lector, que toma una investigación de homicidio doloso? Sé bien que no hay manera de dar un promedio de tiempo, así es que por motivos prácticos, ¿le parece bien si decimos un modesto mes? Sí, ya sé, casos como el de Debahni Escobar (entre otros tantos) en Monterrey lleva más de un año y seguimos en las mismas, pero es solamente para hacer un sencillo ejercicio matemático para poder ejemplificar mi punto.
El año pasado se registraron 33,287 homicidios en México, si en cada uno de estos asesinatos se hubieran invertido apenas 30 días de trabajo administrativo, ministerial y policial desde que se abrió la carpeta de investigación hasta el cierre de esta (sin importar su resultado), esto significa que hubiésemos empleado 998,610 días (días hombre, no días de calendario) para haberlo logrado.
Ahora, imaginemos que todas las procuradurías estatales de justicia de México se aliaran, sin importar su geografía o jurisdicción, para tratar de esclarecer todos estos asesinatos. Dividamos ese casi millón de días entre las 32 dependencias estatales, lo que significa que a cada una le tocarían 1,040 homicidios y 31,206 días hombre para investigarlos…
Ya ni hablemos de la cantidad de personal y recursos que se necesitarían para la titánica tarea. Y no olvidemos que esas mismas procuradurías deben atender cada una cientos de miles de otros tipos de crímenes que ocurren en sus respectivos estados.
Un sistema de seguridad pública consta de cuatro eslabones: prevención, investigación, impartición de justicia y rehabilitación social, pero los gobiernos suelen invertir solamente en lo que es visible y presumible para ganar votos, esto es, el primer eslabón: la prevención (programas sociales, policías, patrullas, sistemas de videovigilancia, cuarteles militares o de la Guardia Nacional, etc.)
Por favor no me malinterpreten, yo también prefiero ver que los estudiantes se mantengan en la escuela por la beca económica que les proporciona el gobierno o ver a más policías haciendo patrullajes en mi colonia o por las carreteras que suelo recorrer para hacer mi trabajo. Lo que quiero dejar en claro es que con la fórmula presente no vamos a alcanzar los niveles de paz necesarios y que absolutamente todos queremos y deseamos desde hace lustros. Y no veo a nadie hablando de esto.
Se deben invertir cuantiosos recursos en la maquinaria de investigación (ministerios públicos y policía judicial) al igual que en la de impartición de justicia (juzgados y jueces) para lograr la disminución de la violencia. Ya hablar de invertir en las cárceles (rehabilitación) sería una utopía.
Otra tarea pendiente por resolver para la siguiente administración.
POSTDATA – Artículo 122 de la Constitución de Nuevo León: “Si la licencia fuere por más de treinta días naturales o en caso de impedimento del Gobernador debidamente comprobado, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo.”
Samuel García pidió licencia por seis meses para emprender su campaña por la presidencia, pero a chaleco quiso nombrar a un encargado de despacho que fuera su incondicional. ¿Respetar y hacer cumplir las leyes? Eso no es algo que le importe a nuestra clase política y resulta irrelevante si eres el presidente con 70 años o el gobernador “nuevo” con 35 años.
Consultor en seguridad y manejo de crisis
@CarlosSeoaneN