Ya no es ajeno a nadie que los efectos post Covid-19 darán lugar a un escenario sumamente desfavorable en el terreno económico y social. La pandemia va a menguar, el peligro va a reducirse, las personas volveremos a salir a la calle, pero ni México ni el mundo serán lo mismo. Por ello, este es un momento oportuno para reflexionar sobre las decisiones que deberían tomarse para asegurar nuestro futuro y bienestar, actuando de manera pronta y decisiva. En ese sentido, la lucha contra el cambio climático -la crisis ambiental paralela que azota al planeta- es una fuerte oportunidad para dar una nueva dirección a México.
Reducir las emisiones contaminantes del país no es sólo una idea, sino un compromiso internacional adquirido desde hace casi cinco años al firmar el Acuerdo de París, y es también una oportunidad de crear miles de proyectos y empleos que sean compatibles con una distribución justa de ingresos, con la protección de los derechos humanos, con el cuidado del medio ambiente y con una visión de futuro. La generación de energía, el transporte y el modelo de producción alimentaria producen la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.
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Así, en un panorama en el que el petróleo es cada vez menos redituable, sobran motivos para fortalecer la transición del uso de combustibles fósiles a las energías renovables, que son cada vez más disponibles y se encaminan a ser más baratas. Si el apoyo federal se redirecciona a ese rubro, incluyendo impulsar que los hogares, edificios y empresas produzcan su propia energía usando el gran potencial del sol, que es nuestro más vasto recurso, no solamente democratizaríamos el acceso a la energía, sino también estaríamos fomentando la posibilidad de ingresos adicionales a miles de familias, ya que los hogares que generen excedentes de energía podrían venderlos. ¿No es eso una verdadera soberanía energética?
Un plan ambicioso de generación de energía renovable sería ideal para abastecer y descarbonizar el sector transporte. La implementación de nuevas tecnologías de vehículos e infraestructuras de transporte público eléctrico permitiría también crear miles de empleos si consideramos que hay más de 50 áreas metropolitanas distribuidas en todos los estados del país, las cuales son aptas para llevar a cabo este tipo de transformaciones y que en conjunto podrían generar más beneficios que cualquier megaproyecto. Por si fuera poco, la consecuente reducción de contaminantes en el aire derivados de la mala calidad del aire ocasionada por el transporte, permitiría lograr una reducción de impactos a la salud que se traduciría en un ahorro de 871,000 millones de pesos que actualmente se erogan en ese rubro.
Por su parte, en el campo de la producción alimentaria también tenemos la oportunidad de dirigir mayores inversiones y apoyo para fortalecer un modelo de producción agroecológico, considerando que actualmente los pequeños productores representan el 85% de las unidades de producción en el país, y son los más desfavorecidos. Reorientar recursos públicos hacia la apertura de mercados de comercio justo y medios de distribución de producción local nos permitiría garantizar el derecho a una alimentación sana y sustentable, y a cambiar el modelo actual de consumo y producción que ha dado muchos beneficios a pocas corporaciones.
Al igual que Covid-19, el cambio climático es un multiplicador de las desigualdades que afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables y marginadas de la sociedad. Es posible lograr una recuperación justa y verde que brinde esperanza a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestras personas mayores y a las generaciones futuras. La acción climática es una oportunidad grande de poner el dinero en manos de la gente, fortaleciendo los sistemas sociales y ecológicos de los que dependemos. El Gobierno de México aún puede considerar estos aspectos en su plan de recuperación económica y lograr un fuerte acierto que integraría a todos los sectores de la sociedad.
Campañista de Calidad del aire y movilidad de Greenpeace México
