En los últimos años se han registrado más de 900 conflictos sociales por el agua en México, la mayoría de ellos relacionados con la actividad industrial y la generación de energía. Debemos dejar de verlas como luchas aisladas, pues todas tienen el común denominador de estar conformadas mayoritariamente por gente en condiciones de pobreza y precariedad que se han visto sumidas en la injusticia de no tener un acceso diario al agua potable. A esto se agrega que son quienes más sufren los efectos del cambio climático que agravan la falta de disponibilidad de agua.
En el contexto de esta sequía que enfrentamos, extrema en los estados del norte, el Presidente AMLO se ha pronunciado respecto a las industrias que tienen agua concesionada en Monterrey, señalando que se pueden alcanzar acuerdos “por la buena” para que cedan temporalmente a la población parte de los volúmenes de agua que tienen concesionados. Sin dudas tiene el poder y la capacidad de entablar diálogos al respecto y generar acuerdos, pero ¿qué pasará cuando él ya no esté en el poder?
No podemos depender únicamente de buenas voluntades que quizás mañana ya no permanezcan, y por eso nos urge una nueva Ley General de Aguas que asegure una gestión justa y equitativa del agua, que integre una perspectiva de recuperación de nuestras cuencas y zonas ambientales urbanas esenciales para lograr tener disponibilidad del líquido, y sobre todo, que nos permita recuperar la soberanía del agua al priorizar a las personas por encima de las industrias.
El Presidente también ha planteado la posibilidad de mover a las industrias de bebidas al sur del país en donde hay mayores niveles de disponibilidad de agua en los acuíferos, pero es necesario alertar que si continúa la tibieza de México frente a la emergencia climática, así como la obstinación por los combustibles fósiles, las consecuencias serán tales que no habrá agua ni para la industria ni para la gente.
Sumado a eso, es necesario revisar el actual esquema de gestión del agua en el que las industrias obtienen grandes beneficios y las poblaciones en donde estas operan ven apenas las migajas. El Sur del país ya nos da casos que pueden ilustrar esta situación. Pensemos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde opera una planta de Coca-Cola FEMSA desde principios de los noventas con una concesión federal que le permite extraer hasta 420 mil metros cúbicos de agua al año, esto de acuerdo con información de la CONAGUA, lo cual equivale a alrededor de 1 millón 150 mil litros diarios.
Lo paradójico es que no hay agua en días o semanas para muchas personas que habitan en este municipio. Mujeres y niñas, casi siempre indígenas, se ven forzadas a acarrear agua en botes desde distancias lejanas, en una situación que el relator de la ONU para el Derecho al Agua y el Saneamiento calificó incluso como peor que la de países africanos durante su visita a San Cristóbal, lo cual ocurre también en muchas otras localidades del país.
Incluso en los casos en que sí hay suficiente agua, los bajos presupuestos se traducen en un rezago y baja cobertura de la infraestructura de los sistemas de agua municipales, imposibilitando garantizar el derecho humano al agua potable de toda la población. Mientras tanto, gracias al agua barata, las grandes compañías reportan beneficios por millones de dólares a sus accionistas nacionales y extranjeros.
¿Hacia dónde deberíamos ir? De entrada, es bueno que se esté hablando de que las industrias se establezcan donde sí haya condiciones técnicas y de disponibilidad de agua suficiente para no competir con la población, pero también nuestra visión hacia el futuro muy próximo debería incluir un esquema mucho más justo de redistribución de beneficios, o en palabras más simples y llanas, un cobro más alto a las industrias.
Pensemos que la actual emergencia climática hace cada vez más incierta la disponibilidad de agua. Una compensación más justa por su explotación industrial podría fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los sistemas municipales de distribución del agua y también haría viable implementar medidas rigurosas de acción climática que incluyan el rescate de zonas de valor ambiental necesarias para lograr la disponibilidad de agua y la regeneración de las cuencas.
Nuestra premisa básica y elemental debería ser que donde opere una industria cuya materia prima sea el agua, no debe haber una sola persona sin acceso al agua potable. Insisto en que nos urge que el Presidente exhorte al Congreso Federal a expedir una Ley General de Aguas que nos permita dar fin a la era del extractivismo del agua. Es lo justo para nuestro país.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
*Carlos Samayoa es Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México
