El covid19 ha dado lugar a una inmensa ola de propuestas y peticiones para responder a la gran magnitud de esta emergencia y lograr una recuperación. Por un lado han surgido propuestas que buscan lograr una verdadera transición hacia un modelo de sociedad más justo, equitativo, colaborativo y sustentable. Por otro lado, desde los grandes grupos de poder, de algún modo industrias, empresas y hasta gobiernos, tratan de convencernos de que los productos o planes que casualmente ya formaban parte de sus intereses o agendas, son ahora la mejor solución.
Así, por ejemplo, nos dicen que los productos plásticos que hasta hace poco fueron prohibidos en la mayoría de estados del país, son ahora necesarios para mantener la higiene ante los contagios; que el uso masivo del auto, a pesar de ser la principal fuente de contaminación, ahora es la mejor opción por ser un refugio “seguro” para mantener la implorada sana distancia; pero más alarmante aún, vemos con asombro cómo sin una justificación técnica, jurídica o mayores argumentos, el Gobierno de México aprovecha la situación para cortar de tajo el desarrollo de las energías renovables.
En efecto, a través de un simple acuerdo emitido desde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la generación de energía solar y eólica en el país está en riesgo de quedar en la inoperabilidad bajo el alegato de que las redes eléctricas se encuentran saturadas. También se deja ver la urgencia del gobierno de quemar el exceso de combustóleo en el país para que la CFE pueda continuar generando energía eléctrica a precio de contaminar altamente. Esta decisión es sin lugar a dudas tan retrógrada que equivaldría a que en su tiempo Porfirio Díaz hubiese impedido los nuevos servicios telefónicos para no afectar a los servicios postales o telegráficos. Así de absurdo.
En consecuencia, casi 30 mil personas están ahora en riesgo de perder sus empleos, las tarifas de luz podrían elevarse y nuestra oportunidad para combatir el cambio climático se obstaculiza. México podría ser el primer país del G20 que le da la espalda al Acuerdo de París al no cumplir sus metas de reducción de emisiones para fines de este año. A pesar de que en el plano internacional esta administración se ha mostrado abierta a cooperar, sus acciones han sido meras contradicciones.
Ya no sorprende que muchos titanes del sector privado operen para mantener la normalidad que les ha permitido ganar inmensas sumas de dinero. Pero que un gobierno se aferre a mantener el status quo para evitar que sus petroplanes tan incompatibles con el futuro se vean obstaculizados, no es más que necedad y negación a escuchar, especialmente cuando afrontamos fuertes crisis simultáneas como la sanitaria o la climática, esta última nulamente atendida a pesar de ser alertada desde hace años por científicos y especialistas en diversas disciplinas.
De esta manera, son las ciudades y las personas que las habitamos quienes más nos veremos afectadas en última instancia por estas decisiones. Ya sabemos que la población de las ciudades continuará aumentando exponencialmente durante los próximos años; que éstas demandarán cada vez más productos y servicios, destacando agua, alimentos y energía; que el sector que más energía demanda es el transporte; que el transporte y la generación de energía son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en México, y que por lo tanto, es vital consolidar una transición energética a fuentes renovables de manera gradual pero sostenida para impedir el cambio climático. Parece que la “nueva normalidad” quiere ignorar esto.
Ante esta realidad, cada vez se hace más necesaria la participación de la gente para lograr una verdadera soberanía energética usando energía no contaminante y sabiendo que es posible generarla desde nuestro hogar; para alimentarnos sin dañar al ambiente y sus ecosistemas, o para transportarnos de manera eficiente y mejorar el aire que respiramos. Ya presentamos propuestas para un plan de recuperación que integre elementos de justicia y de sustentabilidad. Ahora nos toca impulsar una visión colectiva para evitar que la “nueva normalidad” sea en realidad una vieja normalidad aderezada.
Especialista en Transporte y Ciudades Sustentables de Greenpeace México