Desde junio de este año, el gobierno de la Ciudad de México implementó dos ciclovías de carácter emergente, una en la Avenida Insurgentes y otra en Eje 4 Sur, sumando entre ambas 50 kilómetros. Esto se hizo con la finalidad de evitar contagios de covid19 mediante condiciones de distanciamiento físico, generando una alternativa que disminuyera las aglomeraciones en el transporte público. La medida ha sido un excelente paso hacia los 600 kilómetros de infraestructura ciclista que el gobierno de Claudia Sheinbaum prometió para 2024.
En estos días en que el gobierno de la CDMX somete al Congreso la propuesta del Presupuesto de Egresos 2021, no se pueden pasar por alto las necesidades tan apremiantes que tenemos en materia de movilidad sustentable como un eje fundamental para garantizar los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano y a la propia movilidad, cuya inclusión en la Constitución federal se encuentra en proceso. El presupuesto definitivamente debería incluir una partida para que las ciclovías, una de ellas la más larga de América Latina, se mantengan.
Los resultados de la infraestructura ciclista son siempre muestras de aliento que nos llevan a vislumbrar lo que podría ser una ciudad sustentable, incluyente, resiliente y democrática en términos del uso del espacio público. El caso de la ciclovía de la avenida Insurgentes habla por sí mismo al demostrar que las personas tienen un gran ánimo de usar la bicicleta cuando se ofrecen buenas condiciones de seguridad vial.
La ciclovía ha permitido que el espacio normalmente ocupado por cientos de autos embotellados pasen a convertirse en miles de ciclistas moviéndose ágilmente a lo largo de esa avenida. De acuerdo con un estudio de la Coalición Cero Emisiones, se registró que cada 15 minutos, en promedio 400 personas se trasladan sin generar un solo gramo de contaminación, mientras que una encuesta reveló que el 17% de las personas usuarias declaró haber dejado su auto para usar la bicicleta como principal modo de transporte.
Por su parte, el transporte público necesariamente tiene que transformarse para lograr un sistema de movilidad óptimo que se convierta en una verdadera alternativa al uso del automóvil. Sabiendo que esos procesos de modernización y estructuración de rutas-empresas puede llevar tiempos más prolongados y requerir de presupuestos muy grandes para su implementación, la infraestructura ciclista es una alternativa complementaria que puede resolverse con mayor inmediatez y que es perfectamente costeable.
A manera de ejemplo, mientras que para la construcción de un puente vehicular de 1.7 kilómetros de longitud se requiere la inversión de casi 700 millones de pesos con un periodo aproximado de ejecución de 1 año y 4 meses, una ciclovía de 5 km de longitud requeriría invertir cerca de 13 millones de pesos con un periodo de implementación no superior a dos meses y un impacto ambiental mínimo. Recordemos que para el nivel de la crisis climática y sanitaria que enfrentamos, hablar de una ciclociudad ya no es una exageración.
El llamado a hacer permanentes las ciclovías es también para las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México para que se haga un esfuerzo conjunto con el gobierno de la ciudad y que se garantice contar con los 170 millones de pesos que se requieren para estos proyectos.
En estos días también el gobierno de la CDMX sometió a consulta su propuesta de Programa de Acción Climática 2021-2024, en el que se plantea que el transporte sustentable tendrá un rol sumamente importante para disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. Destinar recursos para las ciclovías es una oportunidad para que nos demuestren que donde están sus palabras están sus acciones.
