Dos reflexiones podemos realizar a partir de lo ocurrido en la Conferencia de las Partes número 28 (COP-28), llevada a cabo en Dubái. La primera tiene que ver con la función que dicho espacio tiene en la tarea urgente de mantener la temperatura del planeta por debajo de los 1.5° grados; y la segunda con el papel que la delegación mexicana, enviada por el gobierno federal, tuvo. Vayamos por partes.
La COP-28 ha estado llena de contradicciones. De entrada, se llevó a cabo en un país petrolero y es presidida por el Director Ejecutivo de la empresa estatal. Los espacios ganados por las juventudes, defensores de derechos humanos e integrantes de comunidades indígenas, se opacan por la enorme presencia de empresas energéticas y lobistas del sector petróleo. Lo que tendría que ser un lugar para rendir cuentas sobre la reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se ha convertido en un espacio para hacer compatibles los intereses petroleros con el Acuerdo de París.
De ahí que uno de los principales temas de negociación fuera sobre el uso de combustibles fósiles y si los países deben disminuir (phase down) o dejar de utilizarlos (phase out). Si bien existe consenso científico sobre la importancia de dejar de utilizar combustibles fósiles para salir de la emergencia climática, seguimos sin consenso político al respecto. La posición de la presidencia de la COP-28 insiste en que dicha evidencia no existe y que el phase out nos regresaría a la época de las cavernas.
La limitada voluntad política de los Estados para enfrentar la emergencia climática se vio reflejada en la aprobación del Fondo para Pérdidas y Daños. Si bien la existencia del fondo se valora de forma positiva, la cantidad destinada para remediar las afectaciones generadas por los impactos negativos del cambio climático es irrisoria. Según información de expertos, los 700 millones de dólares anunciados apenas servirían para cubrir el %0,5 de los daños estimados anualmente por el cambio climático.
Por su parte, la irrelevancia de la delegación mexicana enviada a la COP-28 es muestra de la falta de voluntad política del gobierno federal para atender la emergencia climática. La poca presencia de la delegación contrasta con la de sus pares latinoamericanos Brasil, Chile y Colombia, así como con el tamaño de su responsabilidad: México es uno de los principales emisores de GEI en el mundo (el segundo en Latinoamérica) y también uno de los países más vulnerables frente al cambio climático.
El reto que enfrenta nuestro país es mayúsculo, sin embargo, el gobierno insiste en minimizar su responsabilidad y buscar soluciones en la misma causa del problema: los combustibles fósiles. En los hechos, pareciera que para el gobierno federal no se trata de phase down o phase out, sino de fast track. Mientras el mundo avanza hacia la reducción de fósiles, el gobierno mexicano los impulsa.
La irrelevancia de la delegación mexicana solo se vio superada por la incongruencia entre sus posicionamientos y su política energética. Mientras que el gobierno mexicano firma con una mano acuerdos para triplicar las energías renovables o reducir las emisiones de metano, con la otra destina una gran cantidad de recursos públicos a proyectos que en nada aboban a la reducción de GEI y mantiene en completa opacidad el cumplimiento de la regulación.
La palabra pierde valor cuando los compromisos no se acompañan de accionen que los conviertan en una realidad. De poco sirve firmar acuerdos si no se desarrollan planes de implementación. El ejemplo más evidente es el parque fotovoltaico denominado “Proyecto Sonora”, la bandera “verde” del gobierno en la COP-28. Si bien se valora de forma positiva dicho proyecto, seguimos sin contar con una política integral que permita avanzar hacia energía renovables en el resto del país con garantías de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.
La COP-26, realizada en noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, se describía como “la última oportunidad” de los países para tomar acciones contundentes en contra de la emergencia climática. A lo largo de Expo City Dubái, espacio donde se desarrolló la COP-28, se leen frases como “Action builds hope”, “Let´s turn agreements into action” y “Where ambition meets action”, sin embargo, a seis años de llegar a la fecha establecida para cumplir los objetivos del Acuerdo de París (2030), el enorme sentido de urgencia sigue sin reflejarse en el contenido de los compromisos asumidos. Cuántas últimas oportunidades se necesitan para que los Estados se tomen en serio la acción climática.
El gatopardismo climático nos quiere convencer de que, para salir de la emergencia climática en la que nos encontramos, basta con hacer algunos ajustes y seguirse ocupando de las formas antes que el fondo. Para evitar caer en falsas soluciones a la emergencia climática, es necesario denunciar el doble discurso de los gobiernos y exigir que cumplan con ambición los compromisos asumidos. Si la COP no cambia de rumbo, dejará de ser un espacio donde sea posible encontrar soluciones a la crisis climática.
Gerente de Investigación y Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
