Ya sabes quién… pretende limpiar y sólo ensucia

Las elecciones de Nuevo León se han convertido en un cochinero, según López Obrador. No por la ciudadanía, sino por los candidatos, sus partidos y él. Todo lo inició el marido de la morenista Clara Luz Flores, Abel Guerra, político de tradición priísta en la entidad, que manifestó que en “Escobedo la gente vota por Clara porque es mi esposa” y con el video filtrado en el que esta candidata aparece con el líder del culto coercitivo NXIVM, Keith Raniere, lo que provocó la caída de su popularidad y que fuera desplazada al tercer lugar de la competencia.

Luego, el candidato del PRI entregó la tarjeta regia a mujeres y adultos mayores, que es una estrategia electoral fuertemente cuestionada en los medios de comunicación y que motivó que el presidente lo denunciara en la mañanera y sólo eso bastó para que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, que incrementó su preferencia en el voto por el twitter viralizado en el que su esposa, la joven influencer, Mariana Rodríguez, le dedica a sus tenis el adjetivo celebérrimo “fosfo, fosfo” , fue cuestionado por un presunto financiamiento ilegal a la campaña por donaciones millonarias que supuestamente recibió de su familia política y que, según información periodística de Animal Político (12-05-21), provienen de una red de empresas fantasma que opera su suegro.

En este panorama turbio, en Palacio Nacional, ya sabes quién… tomó trapo y jabón para limpiar una elección local, pretendiendo actuar como el ciudadano más preocupado por evitar un fraude, pero olvidando su investidura y que indebidamente se ha convertido en un actor principal en el debate partidista, ya que Clara Luz grita al viento y a todo pulmón que ella es la única candidata del presidente y tiene todo su apoyo, mientras éste ataca a quienes compiten en su contra.

¿Cuál es el papel del presidente de la República en las elecciones? En el modelo jurídico-político-electoral que hemos construido y consolidado desde 1996 con la ciudadanización del Instituto Nacional Electora (INE) y la exclusión del gobierno en la organización de los comicios, la participación del Ejecutivo debe ser marginal y neutral respecto a las luchas partidistas y las aspiraciones de los candidatos. Esta conquista de la sociedad civil frente al sistema de partido hegemónico fue una de las causas de que fuera factible la alternancia en el poder (2000) y la ascensión del gobierno de la autollamada 4T (2018).

Hay una degradación de la democracia tanto en las constantes agresiones presidenciales al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando no se pliegan a los intereses de Morena, como cuando aplaude eufóricamente en las mañaneras si las decisiones benefician a su partido.

La intervención abierta del presidente en una elección pone en riesgo su resultado y abre la posibilidad de que ésta sea declarada nula, como ya sucedió en Tabasco (2000).

Independientemente del texto legal vigente, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido en numerosos criterios que es ilegal un triunfo electoral, cuando exista en el proceso un hecho que se estime violatorio de un principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves), que sea determinante para el resultado y haya pruebas pertinentes para acreditarlo.

Hay muchos casos distritales y locales como Acuamanala, Tlaxcala, San Dionisio del Mar, Oaxaca, Acajete, Puebla y Centro, Tabasco, en los que se vulneró el principio de certeza; Jesús María, Aguascalientes en el que se afectaron los principios de equidad e imparcialidad; Chiautla, Estado de México, por la violación al principio separación Iglesia-Estado, entre otros. Incluso, en 2018, se anuló la elección del municipio de Monterrey, Nuevo León porque se confirmó la violación grave y sistemática de principios constitucionales. Los precedentes judiciales de estos casos los publicó el Magistrado Felipe de la Mata en un artículo que explica las causales de nulidad electoral con un enfoque constitucional (La Silla Rota, 02-05-19).

En 2016 en Colima, la elección de gobernador se anuló por la violación al principio de neutralidad que debe respetar el gobierno durante el proceso. Esta directriz consiste en que ninguna autoridad pública debe identificarse con partidos políticos o candidatos, ni apoyarlos mediante recursos públicos o programas sociales, como lo establece en el artículo 134 constitucional.

Los líderes de los partidos contendientes ya reclamaron públicamente la intervención presidencial en Nuevo León y negaron las acusaciones. Todos exigieron que sacara las manos de los comicios. Adrián de la Garza, del PRI, denunció al presidente López Obrador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y su respuesta en la en la mañanera, utilizando los recursos de la presidencia, es una causal de nulidad por violar principios constitucionales que afectan las elecciones federal y locales. Ya sabes quién… pretende limpiar, pero ensucia, carga los dados a favor de sus candidatos y pone en riesgo la democracia.