Es inevitable no referirse a este hecho noticioso, el pasado martes, en la mañanera, el Fiscal General de la República, Gertz Manero, entregó al Presidente un chequezote por el monto de dos mil millones de pesos provenientes de un presunto desvío de recursos del INFONAVIT, que inmediatamente fue canalizado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para pagar los premios de la rifa del avión presidencial (El Universal, 11-02-20).
La historia del probable fraude corresponde a las autoridades de procuración de justicia investigarla y a los involucrados aclararla y defenderse. Esa es harina de otro costal que lleva una cuerda separada que todavía tiene mucho tramo que recorrer y que está sujeta al principio de reserva de la información por parte de la Fiscalía.
Sin embargo, hay preguntas que con el acto de entrega del chequezote, altamente mediático y noticioso, quedan sin respuesta y que debieran informarse con precisión como elemento esencial de una estrategia de comunicación social efectiva. La noticia interesada que favorece a un proyecto político, gubernamental o de oposición, no es sinónimo de información pública transparente.
La primer interrogante es ¿y los trabajadores cotizantes al INFONAVIT que son las víctimas reales del fraude no tienen derecho a que el daño provocado sea resarcido? ¿La devolución del monto defraudado debe entregarse a las personas afectadas o al gobierno para que disponga de este recurso?
Pongamos un ejemplo para explicar mejor lo que está sucediendo:
Juan Pueblo es asaltado, secuestrado o defraudado por Emilio “N” quien acuerda con el ministerio público regresar el dinero obtenido por su delito a cambio de una disminución en la pena o el desistimiento de la acción penal mediante la figura de reparación del daño cometido. Ahora imagínense que una vez que el presunto delincuente paga la indemnización correspondiente, la víctima no recibe nada y la autoridad determina enviar el dinero a un fondo para que se atienda una actividad altruista como atención de la salud de personas con discapacidad o la obra de caridad más alabable que uno se pueda imaginar.
Este gesto de generosidad del ministerio público con el recurso que debía resarcir del daño sufrido por la víctima es, por lo menos, indebido y si la reverencia con sombrero ajeno se hace públicamente identificando la procedencia del dinero podría ser una nueva afrenta a la víctima, quien además de sufrir el delito soporta, indebidamente, saber que se entrega a otro lo que le correspondía.
Esto sucedió con los trabajadores que participan en el Fondo Nacional de la Vivienda a través de su subcuenta de vivienda, que son recursos de su propiedad, y que tienen derecho a recibir el remanente de operación del INFONAVIT, es decir, cualquier fraude, pago de lo indebido o disminución de los derechos en contra de este Instituto reduce lo que anualmente se debe acumular en las mencionada subcuenta.
Los dueños de una subcuenta de vivienda padecieron, según la información disponible una disminución de 5 mil millones de pesos en 2017 en el remanente distribuible se debe a que el INFONAVIT determinó que era procedente pagarle a una empresa esa cantidad para dar por terminado un contrato de promoción de vivienda. Siendo así, si ese dinero se recupera, entonces, debe abonarse al INFONAVIT para que en marzo de 2021 sea parte del remanente distribuible, es decir, de la bolsa a repartir entre los titulares de las subcuentas de vivienda.
El INFONAVIT administra el Fondo Nacional de la Vivienda que se integra de la suma del saldo de las subcuentas que pertenecen a los trabajadores. Este saldo aumenta por los intereses que generan las inversiones que realiza el Instituto una vez que se descontaron los gastos de operación (que es una suerte de comisión) y las “utilidades” llamadas remanentes se distribuyen entre los trabajadores aplicándolos a las subcuentas.
Las AFORES no administran la subcuenta de vivienda sólo reflejan en el estado de cuenta de los trabajadores la información que el INFONAVIT remite.
El INFONAVIT es la “AFORE estatal de la vivienda” y cuando defiende su patrimonio está cuidando los intereses de los trabajadores y que éstos tengan mayores recursos para financiar la adquisición o remodelación de una casa habitación. La no reintegración de lo que supuestamente fue defraudado al INFONAVIT disminuye la posibilidad de que el trabajador haga efectivo su crédito a la vivienda digna.
El chequezote, en principio, debería girarse a nombre del INFONAVIT, entidad supuestamente defraudada, y depositarse en sus cuentas para que se tome en cuenta en el cierre financiero anual y beneficie a los trabajadores que son los dueños de ese dinero. Todo lo demás es noticia festejable o actos de reconciliación entre el Presidente y Gertz Manero, pero aparentemente no es jurídicamente correcto y no es justo para las víctimas del supuesto fraude.
